La diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer le pidió al Gobierno que informe en forma "urgente" los motivos por los cuales ENACOM dispuso "ilegalmente" otorgar en "forma directa" 1.500 millones de pesos a la empresa ARSAT. 

  A través de un proyecto de resolución, Stolbizer pide que el Poder Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete, explique los argumentos de la transferencia de esos recursos en forma directa a ARSAT.  

 En ese sentido, la legisladora preguntó cuáles son las razones para que el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, "dicte la Resolución 541/2024 por la cual se ha resuelto ilegalmente destinar en forma directa la suma 1.500.000.000) del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) en favor de la empresa de telecomunicaciones ARSAT".   

Stolbizer señaló que esa resolución "carece de razonabilidad y también de legalidad" la decisión de transferir esos recursos a ARSAT y "podría entenderse que el pago responde a acuerdos que provienen del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que ya habían hecho lo propio por la suma de tres mil millones de pesos".  

 "Sin embargo y pese al mencionado antecedente, la resolución carece de legalidad a la luz de todas las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno y por tanto estaría viciada de nulidad absoluta e insalvable, no pudiendo producir efectos e implicando además la responsabilidad personal del autor frente al perjuicio fiscal", agregó.  

 En ese sentido, destacó que "se ha dispuesto de recursos públicos de manera ilegal y se incumplió con las competencias propias, mandatos legales y reglamentarios enfrentando abiertamente la orden del titular del Poder Ejecutivo". 

  Stolbizer pide que el Gobierno detalle cual fue la autoridad superior que autorizó la mencionada decisión que "violenta" lo dispuesto por el Presidente Javier Milei en el artículo 50 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.  

 Ese artículo establece que "las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga".  

 También pregunta si existió un dictamen jurídico y cuáles son los funcionarios que "han dado viabilidad a la Resolución 541/2024 del ENACOM?".  

 Stolbizer además pide que se informe si se consultó con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia atento la "concesión de un beneficio o privilegio en favor de la empresa ARSAT que podría ocasionar un trato discriminatorio y perjudicial para el resto del mercado, especialmente el sector privado".  

 "¿Cuál ha sido la opinión del Ministerio de Economía que debió haberse obtenido como previa, atento lo dispuesto en el Art.2 del Decreto 215/2024 para el dictado de cualquier instrucción al ente fiduciario del FFSU?", preguntó Stolbizer.