El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó hoy a la Corte Suprema de querer "meterse por la ventana en el Consejo de la Magistratura" luego de que en diciembre pasado declarara la inconstitucionalidad de la ley que rige hace 16 años y obligara al Congreso a sancionar una nueva norma en un plazo muy exiguo, lo cual calificó como "un acto político extorsivo".

"Lamentablemente el Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión", arrancó el funcionario nacional al exponer en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, donde defenderá el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la sentencia -que dejó claro que no comparte- que el máximo tribunal de Justicia dictó el 16 de diciembre pasado. 

La sentencia le dio al Congreso un plazo de solo 120 días (de los cuales quedan apenas 25) para sancionar una nueva norma, que reemplace a la vigente, "bajo la cual se designó al 70% de los magistrados actualmente en funciones".  

De no cumplir con el plazo perentorio, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando el organismo era presidido por el presidente de la Corte Suprema y contaba con 20 miembros, en lugar de los 13 actuales.

En este sentido, Soria acusó a la Corte de querer "meterse por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura". Cabe aclarar en este punto que el proyecto presentado por Juntos por el Cambio pretende restaurar la presidencia del Consejo para el titular de la Corte Suprema y también ampliar a 20 los integrantes, misma cantidad que había antes del 2006.

"No solamente declararon inconstitucional a una ley que estuvo vigente 16 años y bajo la cual se designó al 70% de los magistrados actualmente en funciones, sino lo que es más grave, que al declarar esa inconstitucionalidad le dieron operatividad a una ley que fue derogada en 2006 por el único poder del Estado que está habilitado para establecer funciones legislativas, que son el Senado y la Cámara de Diputados", recriminó. 

"La Corte no solamente se entrometió con facultades legislativos que corresponden a esta casa y revivió un expediente que se había originado 16 años atrás por una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad, sino que además resuelve que lo tiene que presidir la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación", agregó. 

En esa línea, sostuvo que "este Congreso de la Nación debería rechazar y repudiar de plano esta verdadera intromisión de parte de la Corte en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar". 

Según expresó Soria, el fallo "es sin lugar a dudas una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país" que "pone en jaque la división de poderes".

"El fallo de la Corte no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político y, peor aún, extorsivo", apuntó. 

Soria advirtió que el plazo de 120 días desde el 16 de diciembre pasado es "prácticamente incumplible", ya que faltan "menos de cuatro semanas" para que se cumpla ese deadline.

"Para que se paralice un órgano de la Constitución faltan menos de cuatro semanas. De esta manera, la Corte nos amenaza y extorsiona con un hecho sin precedente en la historia argentina", lamentó.

Acto seguido, el miembro del Gabinete nacional citó fragmentos del voto en disidencia parcial del juez Ricardo Lorenzetti, quien escribió que "una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros años de las facultades de Derecho".

"Este honorable cuerpo no puede avalar este gravísimo hecho jurídico porque estaría desde ya asentando un gravísimo antecedente a futuro", remató.

 Al describir conceptualmente el proyecto de ley, Soria aseguró que "tiene por norte mejorar el funcionamiento, darle mayor dinamismo al Consejo de la Magistratura como institución".

La idea es que el Consejo de la Magistratura "empiece a funcionar de una manera más armoniosa, más dinámica y que logre cumplir con su principal objetivo de cubrir todas las vacantes existentes en el Poder Judicial, y cubrirlas a tiempo", explicó. 

El ministro de Justicia hizo hincapié en que "después de tantos años" este proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura incorpora "la indispensable perspectiva de género", y fue más allá al detallar que garantiza "la paridad de género en su composición". 

"Lo que queremos con este proyecto que estamos debatiendo es que tengamos un Consejo de la Magistratura que sirva para que responderles a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanos que nos reclaman en cada pueblo, en cada provincia, más y mejor Justicia, en definitiva", señaló.

A su vez, el funcionario destacó que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo "claramente busca facilitar los consensos parlamentarios necesarios, porque es armónico, equilibrado".

Y en ese sentido, acotó que "no difiere mucho del proyecto que fuera presentado durante el Gobierno anterior", cuando el ministro de Justicia era Germán Garavano: "Toma cosas de ese proyecto presentado durante la gestión anterior".

El objetivo es evitar esta amenaza, esta extorsión con tiempo. Es como una bomba cargada en la mochila que tenemos en poco menos de cuatro semanas. El próximo 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional en Argentina que es la parálisis del Consejo de la Magistratura, que está llamado a administrar el Poder Judicial", alertó. 

El proyecto del oficialismo apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico.

De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).

En cumplimiento con un criterio de paridad de género, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

También deberá haber dos mujeres de los cuatro que representan al estamento de abogados, quienes serían elegidos por el voto directo de acuerdo al sistema D´Hondt por los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias.

Juntos por el Cambio tenía varios proyectos presentados, pero se logró unificar las propuestas y ayer presentó la versión final del contraproyecto, con un pilar fundamental: prevé que la Corte Suprema vuelva a tener un integrante en el Consejo de la Magistratura y que además lo presida (como sucedía antes de 2006), una pretensión que el Frente de Todos rechaza. Allí radicará la clave de las discusiones entre oficialismo y oposición. 

En el plenario de comisiones, que pasó a cuarto intermedio y se retomará mañana a las 10:00, asistieron, además de Soria, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.