El canciller, Felipe Solá, instó a la comunidad internacional a "remover los obstáculos" legales y administrativos "que impiden escalar la producción y garantizar una distribución equitativa" de las vacunas contra el coronavirus, para facilitar así que las dosis puedan fabricarse en mayor cantidad de países.

"Tenemos que evitar prácticas que incentiven el desabastecimiento de insumos críticos, tratamientos y vacunas contra el COVID-19", sostuvo el funcionario nacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto participó de la Reunión Ministerial Especial organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) dedicada al tema "Una vacuna para todos" y advirtió sobre el desigual acceso a las dosis contra el coronavirus.

En ese marco, el jefe de la diplomacia argentina remarcó que "a pesar de contar con las primeras vacunas en tan solo doce meses, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo un 0,1 por ciento de las dosis administradas en el mundo fueron en países de renta baja, mientras que los países de renta alta concentran más de la mitad de las dosis inyectadas".

Solá también ratificó el apoyo de la Argentina a los esquemas de financiamiento solidario como el Mecanismo COVAX y destacó la importancia de aplicar las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), a fin de promover la producción, competencia y desarrollo local de vacunas contra el virus Sars-Cov-2.

"Las vacunas para el COVID-19 deben ser concebidas como un bien público global al que todo el mundo debe poder acceder", destacó el titular del Palacio San Martín.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de "remover los obstáculos que impiden escalar la producción y garantizar una distribución equitativa".

"Nadie estará a salvo hasta que todos lo estemos", alertó Solá, ante más de 50 altos representantes entre Estados y Grupos de países.

La reunión virtual tuvo como objetivo abordar los desafíos existentes en torno al acceso equitativo a las vacunas para el COVID-19, teniendo en cuenta las condiciones actuales de infraestructura y financiamiento para la producción, distribución y suministro de dosis.