La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída por “inexistencia de delito” en una causa en la que había sido denunciada por supuestas irregularidades en su vacunación contra el Covid-19.

La denuncia había sido formulada por el dirigente de Juntos por el Cambio Yamil Santoro, quien manifestó “sospechas, a partir de información periodística” sobre la forma en que se vacunó Cristina Kirchner en la primera etapa del Plan Estratégico de Vacunación en Hospital Juan Domingo Perón, en la ciudad de Avellaneda.

Según la denuncia, Cristina Fernández de Kirchner “podría haber formado parte de un ardid en perjuicio de la Administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, tendiente a obtener un beneficio sanitario (la vacuna) que no le correspondía”.

“Dicho ardid podría haber consistido en simular la calidad de legítima destinataria de la vacuna de acuerdo con la política sanitaria y los criterios sanitarios vigentes”, añadía la denuncia.

Pero el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que la vicepresidenta era considerada parte del “Personal estratégico” en el marco de la pandemia e integraba los grupos poblacionales que tenían prioridad en el esquema vacunatorio.

“Resulta evidente que la vacunación de la vicepresidenta de la Nación no podría ser considerada una violación a la norma regulatoria”, contrapuso el juez en su resolución.

Además, también descartó la hipótesis del “ardid” sostenida en la denuncia.

“Fue la propia Vicepresidenta y el entonces viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quienes publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter imágenes y videos de la vacunación”, recordó Ramos Padilla.

“Por lo tanto, resultaría absurdo sostener que una persona que es públicamente conocida y que además exhibe en sus redes sociales el momento de su vacunación llevó a cabo un ardid o engaño o simuló una calidad o categoría particular para obtener acceso a dicha vacuna”, completó.

La causa se inició como una derivación del expediente conocido como “Vacunatorio VIP” y llegó hasta la Justicia federal de La Plata después de que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera “extraer testimonios” (iniciar una investigación ante otro tribunal) en el expediente que tramita en su juzgado.