Dirigentes del movimiento filoperonista “Soberanxs”, representantes de movimientos sociales y juristas coincidieron en que están dadas las condiciones para avanzar en el proceso de juicio político contra el presidente, Javier Milei.

“No queremos que Milei se vaya en helicóptero sino que se vaya destituido por el Congreso por los delitos que está cometiendo”, concluyeron tras un conversatorio coordinado por la ex embajadora Alicia Castro y la periodista Cynthia García. 

Entre las causales del juicio político, invocaron “el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, las omisiones para defender nuestra soberanía en Malvinas, la intención de detentar la suma del poder público, las declaraciones y publicaciones violentas por parte del actual mandatario, el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central”.

El colectivo, integrado entre otros por los abogados Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, Jonathan Baldiviezo y José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi;  el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; la diputada nacional Hilda Aguirre; los diputados Ricardo Herrera y Juan Marino y la senadora Florencia López, criticaron también la “narrativa de violencia que niega el terrorismo de Estado y busca redimir a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y   deslegitimar los procesos llevados a cabo en contra de los genocidas”.

“El negacionismo se vincula directamente con la intención de reeditar la política económica impulsada durante el último proceso militar de planificación de la miseria”, subrayó Alicia Castro.

Por su parte, Rozanski  sostuvo que "cualquier acto de negacionismo tanto del Presidente como de la Vicepresidenta es absolutamente ilegal y causal de juicio político”. 

Castro, en tanto, recordó la cláusula de la Constitución de 1994 que “consagra como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

“Los actos de acción y omisión del gobierno que están en contra de este principio irrenunciable también pueden ser considerados una causal de juicio político”, insistió.

Barcesat cuestionó “la suma del poder público” y alertó que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo, ni a las Legislaturas provinciales y a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias”.

“Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, embistió.

Rosanzki, por su parte, mencionó  “cientos de causales que se pueden citar para pedir el juicio político”, entre las que mencionó “una causal genérica vinculada con el mal desempeño” y una “causal de discriminación vinculada con algunas de las publicaciones que difundió el actual Presidente de la Nación que tiene en sus redes sociales más de dos millones de seguidores, entre ellas una en la que define al Estado como un pedófilo con nenes encadenados envaselinados en un jardín de infantes”.

El abogado José Manuel Ubeira, quien representa a Cristina Fernández de Kirchner,  recordó que “para el juicio político del Presidente se necesita una mayoría calificada en el Senado pero esto tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo la gravedad y el peligro en el que está inmersa la Argentina en manos del actual gobierno”.

“No conozco una sola gesta que haya sido importante y que no haya comenzado con una correlación desfavorable de fuerzas”, terció el abogado Maximiliano Rusconi, al refutar el mensaje de imposibilidad de avanzar en un juicio político.