Las dos organizaciones que agrupan a los jueces, fiscales y funcionarios de alta jerarquía del Poder Judicial mantuvieron silencio frente a la difusión de las reuniones que mantuvieron al menos tres de sus integrantes con el ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

La Asociación de Magistrados (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (AFFUN) evitaron pronunciarse sobre la situación de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y del fiscal Raúl Plée.

Los tres aparecen en reuniones privadas, incluso deportivas, con el ex jefe del Estado Macri en Olivos adonde también concurrió la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño Inés Weimberg de Roca, propuesta por el anterior gobierno como Procuradora General de la Nación.

El presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Marcelo Gallo Tagle, manifestó –a título personal- su “preocupación” por la visita de funcionarios judiciales a Olivos. Pero fuentes de la Asociación explicaron que “por ahora” no habrá un documento institucional.

“Los consensos son difíciles porque son 24 miembros del Consejo Directivo en el que están representadas tres líneas políticas diferentes”, explicaron. La AFFUN, por su parte, emitió su último documento el 5 de abril pasado (aunque la fecha consignada erróneamente es la del 5 de marzo), expresando su reconocimiento a los ex combatientes y familiares de la guerra de Malvinas.

Otros organismos que nuclean a funcionarios judiciales sí emitieron sus pronunciamientos. Los jueces del fuero laboral agrupados en la ANJUT sostuvieron que “la conducta que se ha denunciado mediante fuertes evidencias respecto de un reducido y localizado grupo de jueces y miembros del Ministerio Público del fuero federal de la Nación, no refleja en modo alguno la labor cotidiana” de los magistrados.

“Una ínfima minoría no puede empañar a quienes estamos muy lejos de actos como los denunciados, ya que por el contrario, honramos cotidianamente el juramento efectuado al asumir tan grande responsabilidad”, sostuvieron mediante un documento público.

Por su parte, la agrupación Justicia Legítima, a la que desde la oposición y la propia corporación judicial se le adjudican vínculos con el kirchnerismo, también se manifestó sobre la situación de los jueces Hornos y Borinsky y el fiscal Plée.

“La situación reviste una gravedad institucional extrema, ya que conlleva una ruptura grosera del principio de división de poderes, al revelar una vinculación espuria y de sujeción  al poder político, económico y mediático, colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores”, advirtió la organización.

“La salud institucional y democrática de la República exige una rápida intervención de los estamentos legalmente previstos para los casos de conductas incompatibles con la función judicial o en el Poder Ejecutivo que desempeñan estas personas, a efectos de poner fin de manera tajante y ejemplificadora a esas prácticas que configuran el mecanismo denominado Lawfare”, remató.