La jueza federal María Servini denunció a las autoridades del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de auxilio y encubrimiento” en una causa vinculada con la venta de drogas en el interior de la cárcel de Villa Devoto.

La jueza impulsó la causa como “extracción de testimonios” de un  expediente que ella tiene asignado desde hace un año a raíz de una denuncia de comercialización de estupefacientes en el penal.

La denuncia, que quedó registrada en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini bajo el número 1454/2022, apunta especialmente al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la titular del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós.

Fuentes vinculadas con la investigación aclararon que “auditores del Servicio Penitenciario continúan trabajando bajo las instrucciones del tribunal, al que remiten periódicamente sus informes, en tanto se desempeñan como auxiliares de la justicia”.

Según reportó el periodista Omar Lavieri para el portal Infobae, Servini recibió una denuncia sobre supuestas irregularidades en el Pabellón Universitario de la cárcel de Devoto, pero sus pedidos de colaboración a las autoridades penitenciarias se toparon con negativas por falta de facultades para desarrollar esas tareas.

Toda el área de inteligencia penitenciaria fue desmantelada durante la actual gestión, especialmente después de que se conocieran supuestas tareas de espionaje ilegal en las cárceles sobre detenidos ex funcionarios del gobierno 2003-2015.

A esas negativas se sumaron luego otros episodios rayanos en lo delictivo, como la filtración de información reservada, la irrupción de agentes penitenciarios que estaban siendo investigados en otros expedientes y pedidos de infraestructura y material para realizar la investigación interna.

Servini reclamó colaboración directamente al Ministerio de Justicia,  pero tampoco obtuvo respuestas adecuadas a sus planteos.

Finalmente, el juzgado de Servini recibió un mail anónimo en el que constaban detalles de la investigación que estaba intentando llevar adelante,  que debían permanecer en reserva por la naturaleza del expediente.

“Lo que pueda surgir de un mail de autor anónimo pudo provenir de la misma gente que fuera desplazada en razón de la causa de escuchas ilegales”, especularon voceros de Justicia.

En su denuncia, Servini mencionó la “inacción de las autoridades requeridas” para avanzar en la causa por las drogas en la cárcel, lo que consideró “una clara obstrucción que deberá ser investigada”.

“Ni el ministro Soria ni nadie de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios está al tanto de las incidencias de la investigación que dirige Servini, por lo que mal pudieron demorarla, entorpecerla o divulgarla”, refutaron los voceros.

Como se trata de una causa impulsada por la propia jueza, no puede ser ella quien lleve adelante la investigación.

Los “testimonios” extraídos fueron remitidos a la oficina de Sorteos de la Cámara Federal porteña, y recayó en el juzgado de Ercolini, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.