El Gobierno comenzó definitivamente con el paso cambiado el año nuevo, sin poder mostrar indicios que generen certidumbre en la estratégica negociación que la Argentina lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino todo lo contrario.

Las gestiones con el FMI se encuentran empantanadas, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, asegura que el país necesita "más tiempo para pagar" y la desconfianza que genera en los mercados esta falta de progreso en las conversaciones impacta de lleno en los bonos y en las acciones de compañías argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Además, en la plaza doméstica la cotización del dólar en el mercado paralelo cerró la semana en un nuevo récord, al negociarse en 219 pesos por unidad para la venta en la ciudad de Buenos Aires, con un avance de $10 en lo que va de enero, por lo que la brecha con la versión mayorista del billete estadounidense se ubicó este viernes en casi 110 por ciento.

En tanto, el promocionado viaje del canciller Santiago Cafiero por Estados Unidos cosechó únicamente un respaldo simbólico de parte de funcionarios de esa nación, a cambio del gesto diplomático de promover una acción conjunta ante el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la escandalosa visita del iraní Mohsen Rezai a Managua.

La OEA aprobó una resolución para pedir la reactivación en todos los países de las alertas rojas para que Interpol pueda actuar contra los seis iraníes acusados del atentado a la AMIA de 1994, entre ellos, Rezai, que compartió días atrás -e insólitamente- un acto en Nicaragua junto con el embajador argentino en esa nación centroamericana, Daniel Capitanich.

En Washington, Cafiero se entrevistó con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que dijo que EE.UU. apoya "muy firmemente una economía argentina vibrante", pero alentó al gobierno de Alberto Fernández a "presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país", en sintonía con el reclamo de la oposición aquí en estas latitudes.

En este sentido, las tensiones registradas en los últimos días en la relación entre el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC) forzaron la postergación de una reunión de referentes opositores con Guzmán con motivo de las negociaciones con el Fondo y en la que el Gobierno esperaba lograr una foto significativa de respaldo tras el reciente encuentro con gobernadores.

JxC reclama a la administración que lidera Fernández un "plan económico" que permita encender una luz al final del túnel, en medio de la crisis inflacionaria por la que atraviesa el país y que podría agudizarse, según la opinión de especialistas, en el caso de que la Argentina no consiga cerrar en el corto plazo un acuerdo con el FMI.

El comienzo del año encontró también al Gobierno obligado a dar explicaciones por los viajes al exterior de funcionarios que optaron por disfrutar de unos días de vacaciones en el extranjero, pese a la recomendación oficial de permanecer en el país, al menos, durante este verano.

El caso más resonante fue el que protagonizó la titular del PAMI, Luana Volnovich, junto a su pareja y número dos de ese organismo -comandando por la agrupación ultra-kirchnerista La Cámpora-, Martín Rodríguez: ambos se mostraron juntos en un paradisíaco destino del Caribe mexicano.

En la Casa Rosada decidieron dar por "terminado" el asunto, a pesar de una denuncia penal presentada por la diputada de JxC Graciela Ocaña contra Volnovich y Rodríguez por haber dejado "acéfalo" al PAMI durante sus vacaciones, aunque el revuelo más innecesario de la semana lo generaron los ministros Eduardo "Wado" de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta.

El titular de la cartera del Interior y su colega de Mujeres, Géneros y Diversidad visitaron en Jujuy a la detenida líder de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, presa por actos de corrupción, en medio de una renovada embestida del kirchnerismo contra el Poder Judicial -incluyendo a la Corte Suprema de Justicia- buscando su liberación.

El encuentro, con "Wado" de Pedro mostrándose más como un militante partidario que como un funcionario de la Nación, de igual modo que Gómez Alcorta -ex abogada defensora de Sala-, motivó un pedido de juicio político en contra de ambos ministros impulsado por diputados de Juntos por el Cambio.

Y en el corolario de otra semana movida para el Gobierno se conoció la noticia de que en Chile salió de prisión Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y por cuya liberación -condicional- había abogado nada más ni nada menos que el embajador argentino en el país trasandino, Rafael Bielsa, en una audiencia judicial semanas atrás.

Si bien Jones Huala está obligado a reportar sus movimientos a la Justicia chilena y solicitar autorización, por ejemplo, si desea regresar aquí a la Patagonia, su salida de la cárcel enciende luces de alarma de este lado de la cordillera de los Andes, toda vez que el referente mapuche no reconoce a los Estados como autoridad y en el vecino país temen que pueda fugarse -y retornar a la Argentina-.

Por otra parte, en medio de las señales confusas que viene ofreciendo el Gobierno en el marco de su negociación con el FMI, que incluso generan enormes interrogantes sobre la capacidad de la gestión Fernández para transformar un esperado rebote económico post-pandemia de Covid-19 en una recuperación sostenida, un factor climático inesperado agregó más incertidumbre.

Se trata de una fenomenal sequía que afectó en las últimas semanas a vastas áreas de producción agropecuaria en el país y que supondría pérdidas por más de 5.700 millones dólares para la Argentina, de acuerdo con estimaciones privadas, en momentos en los que las arcas del Banco Central crujen y el Gobierno precisa de dólares "frescos" para afrontar vencimientos de deuda.

Finalmente, la Casa Rosada sí se permitió celebrar en estos días el voluminoso movimiento turístico registrado en el comienzo de la temporada de verano, motorizado en parte por el programa PreViaje, un plan oficial que claramente ha sido un éxito, por más que sirve, en definitiva, para subsidiar en especial a la clase media y media alta, con el incremento en el gasto público que esa decisión gubernamental supone.