Senadores del Frente de Todos firmaron hoy dictamen a un proyecto para rechazar el reciente fallo judicial que exhortó al Gobierno a tomar medidas de restricción a través de leyes nacional y no por decreto, e intimó a que el Congreso sancione las normas en un plazo perentorio de 15 días.

En el marco del debate en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, los senadores de Juntos por el Cambio estuvieron de acuerdo con el repudio pero no firmaron dictamen al alegar que los fallos judiciales "no son revisables", por lo que reclamaron "archivar" el caso.

El fallo judicial en cuestión es el emitido por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21, que dispusieron medidas sanitarias de restricción y cuidado ante el fuerte crecimiento de los contagios de coronavirus.

El fallo, suscrito por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, había sido repudiado el día anterior por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carácter de titular del Senado.

"Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus", tuiteó la ex jefa de Estado.

En sus fundamentos, el fallo denunciaba que "el Poder Ejecutivo continúa recurriendo, con un uso desmedido, al dictado de los DNU en los que se invoca la emergencia derivada de la pandemia del Covid-19 para pretender justificar la necesidad de suspender, restringir y alterar el normal y libre ejercicio de ciertos derechos".

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y autora del proyecto de rechazo, María de los Ángeles Sacnun, se quejó de la "injerencia" del organismo judicial en dos poderes del Estado, y denunció que incluso el fallo "pretende establecer los parámetros de ese proyecto de ley que deberíamos sancionar".

Con ironía, la santafesina se preguntó si los tres jueces "han aprobado las materias de primer año de la Facultad de Derecho", y los acusó de pretender una modificación en "el proceso de formación y sanción de las leyes a través de una sentencia".

Por su parte, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, consideró que los jueces "se han extralimitado en lo que han hecho con su sentencia, que es violar la división de poderes y el sistema republicano, representativo y federal".

"No estoy de acuerdo en que esto no lo tengamos que discutir y que el Senado no tenga que emitir su opinión, porque este tipo de aberraciones jurídicas -y me atrevería a decir políticas- no las debemos dejar pasar, porque corremos el peligro de que haya un 'efecto contagio' en algunos jueces que entiendan que la Constitución les da la posibilidad de indicarle al Congreso qué leyes debe sancionar, cuándo y cómo", reflexionó la mendocina.

El legislador de la UCR Ernesto Martínez estuvo de acuerdo en que la Justicia no debería invadir las funciones y atribuciones de otros poderes del Estado, pero pidió que se "archive" el tema, ya que "no merece que el Senado entre en esta polémica" porque de esa forma "se degrada institucionalmente".

En esta línea, el cordobés dijo que "lo que corresponde es archivar este exhorto, ignorarlo, porque no merece ni siquiera un comentario, y evitar que sigamos deshilachando las instituciones argentinas prestándole atención a cosas que no merecen ni un renglón".

En la misma sintonía, la también radical Silvia Giacoppo sostuvo que la resolución judicial "no merece ni siquiera una respuesta, porque es un exceso por parte de los jueces, pero debo decir que tampoco se encuentra en las atribuciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales revisar sentencias de jueces de ninguna instancia".

En respuesta, Sacnun aclaró que su proyecto "de ninguna manera implica revisar una sentencia judicial, es simplemente un rechazo enfático a la 'orden' que nos llega mediante oficio al Senado, porque están intimando al Poder Legislativo".

En representación del PRO, Laura Rodríguez Machado insistió en que se archive el caso y enfatizó que los fallos judiciales "no son revisables, y no pueden ser celebrados ni rechazados".