El bloque kirchnerista en el Senado de la Nación solicitó este lunes una sesión especial para tratar un proyecto de ley que fija los salarios de la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, senadores y diputados naciones, jueces de la Corte Suprema, Procurador General, Consejeros de la Magistratura y diplomáticos. 

Se trata de una iniciativa que fue presentada el 8 de marzo por el senador formoseño y líder del espacio en la Cámara baja, José Mayans (Formosa). Mientras que la solicitud fue motorizada por la presidenta del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara alta, Juliana Di Tullio, aunque también lleva la firma de senadores del bloque Frente Nacional y Popular, que lidera Mayans. 

Según indica el texto, los funcionarios que ejercen los cargos nombrados anteriormente no podrán cobrar más de 20 salarios mínimos, actualmente fijado en $202.800. Por lo tanto, lo máximo que podrían cobrar es $4.056.000. Mientras que en el caso de los ministros, secretarios, subsecretarios, Banco Central, jueces, entre otros, será de 15 salarios mínimos: un equivalente a $3.042.000. 

Por otro lado, la petición que hace el kirchnerismo incluye tres proyectos más. El primero, declara la emergencia presupuestaria en materia universitaria. La acción va en consonancia con el pedido de sesión especial que activó hoy el diputado y líder del bloque K, Germán Martínez, en la Cámara baja.  

En esa línea, suma otro proyecto que establece el incremento "progresivo y sostenido" del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria para llevar al 1,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), en 2032. También, el kirchnerismo se metió en otro terreno sensible para la administración mileísta como la energía. 

Se trata de uno de los caballitos de batalla con los que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntalan como eje central en la reducción del déficit fiscal. En este caso, los bloques de UxP y del Frente Nacional y Popular pretenden retrotraer a diciembre el costo de la adquisición de la energía que afrontan las distribuidoras frente a Camesa.