Luego de constituirse, la comisión de Legislación General definió el cronograma del tratamiento de la nueva ley de Alquileres, debate que comenzará el próximo martes y tendrá en total cinco reuniones antes de llegar a la votación en el recinto.

El primer encuentro de la comisión presidida por la oficialista Cecilia Moreau será el martes 12 a las 13, donde se prevé la participación de invitados del interior del país.

En esta reunión se habilitará la modalidad mixta, de manera remota y presencial, teniendo en cuenta las complicaciones que podrían surgir con la disponibilidad de vuelos para los expositores, dado que será Semana Santa.

De las cinco reuniones de comisión, tres serán informativas con la intervención de expositores vinculados a los sectores afectados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

Luego de la reunión del martes que viene, habrán informativas presenciales el 19 y 20 de abril, también a las 13, con la posibilidad de que algunos expositores puedan participar de forma remota. 

Finalmente, los días 26 y 27 de abril estarán dedicados al debate presencial entre los diputados para llegar a la firma de los dictámenes.

En total, la comisión deberá analizar 32 proyectos que fueron presentados para reformar la ley de Alquileres.

Esta dinámica de debate fue acordada días atrás a partir de un acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. La principal bancada opositora había pedido una sesión especial para votar la derogación de la ley actual, que no dio los resultados esperados.

Sin embargo, con el compromiso del Frente de Todos para poner en marcha el debate a la brevedad y en un plazo no mayor a los 30 días hábiles, desactivó la maniobra que sirvió para ejercer presión al oficialismo para que pusiera en agenda el tema.  

La norma vigente -denominada "Ley Lipovetzky" en alusión a su autor, el ex diputado nacional Daniel Lipovetzky- fue sancionada en Diputados en noviembre de 2019, cuando aún gobernaba Mauricio Macri, pero terminó siendo convertida en ley en junio de 2020, en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández.

Pese al amplio apoyo interpartidario que recibió, la ley no contribuyó con el objetivo primario de contener los aumentos, y en muchos casos provocó el efecto contrario, debido a la reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

Las principales objeciones a esta norma tienen que ver con el plazo de duración de los contratos, que pasó de dos a tres años, y con el mecanismo de actualización anual de los precios de acuerdo a una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).

La mayoría de los proyectos presentados retoman los contratos de dos años y el ajuste semestral de los valores. 

Como primera oradora de la breve reunión, Moreau recordó que muchos de los diputados presentes acompañaron la Ley 27.551, pero señaló que, en la actualidad, “tiene requerimientos muy importantes por parte de inquilinos y propietarios que no podemos dejar de escuchar".