Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el ex asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, presentó un hábeas corpus ante la Justicia uruguaya para evitar ser detenido por Interpol tras el pedido que libró el Poder Judicial argentino para su captura, por supuestamente haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En una audiencia ya la fiscalía uruguaya en turno reclamó sea rechazado el hábeas corpus presentado por el ex asesor de Macri, lo que se definirá mañana en la audiencia ante el juez: si finalmente es rechazado se procederá a su detención y remisión a la Argentina tal cual lo reclamó la jueza María Servini.

La fiscal uruguaya consideró que la oposición de "Pepín" Rodríguez Simón es una medida judicial y no administrativa, y paralelamente resta saber el pedido de asilo político que hizo ante el gobierno uruguayo.

Mientras tanto, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país.

Rodríguez Simón "se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente", explicó la jueza al emitir la orden de captura.

Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que "de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país".

La jueza descartó que existan razones para que "Pepín" se considere un perseguido por razones políticas: "Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines", indicó.

El ex asesor de Macri está acusado de una maniobra de "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo" que "habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional".

Según el expediente, esa presunta maniobra tuvo "el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al Gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)".

"Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos", añade la descripción de la jueza.