Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor del ex presidente Mauricio Macri, se presentó ante la Justicia uruguaya para informar que pidió asilo como “refugiado político” y, por lo tanto, no corresponde en su caso ninguna medida coercitiva de su libertad.

Rodríguez  Simón se amparó en la ley uruguaya sobre refugiados, que establece en su artículo 41que “el reconocimiento definitivo de la condición de refugiado configura la denegatoria automática al pedido de extradición o entrega de la persona requerida”.

El diario uruguayo El Observador publicó hoy que Rodríguez Simón “presentó un recurso para evitar detención mientras Argentina  remarca garantías judiciales”.

El ex asesor de Macri tiene fijado domicilio en un edificio de la calle Ituzaingo al 1.300 de Montevideo.

Sobre Rodríguez Simón pesa una orden de captura nacional e internacional dictada en la víspera por la jueza argentina María Servini, quien además pidió a la cancillería que enviara una notificación al gobierno uruguayo informando sobre la situación.

Además, reclamó que se le prohibiera a Rodríguez Simón la salida del Uruguay.

Esa notificación –según dijeron fuentes judiciales- no llegó aún a Uruguay, pero la repercusión del fallo de Servini precipitó los tiempos en el vecino país.

En ese marco,  antes que se produjera cualquier situación sobre su libertad, Rodríguez Simón notificó su pedido de asilo a la justicia uruguaya.

La ley uruguaya establece que “cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.

De tal forma, la decisión sobre Rodríguez Simón está ahora en manos de la Justicia oriental, que deberá darle intervención a la Comisión de Refugiados para que dictamine sobre la procedencia o no del asilo político.