El gobierno porteño concretó hoy su presentación ante la Corte Suprema pidiendo la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que suspendió por dos semanas las clases presenciales. El ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires argumentó que el decreto, firmado por el presidente, Alberto Fernández, “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.

La causa quedó radicada ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal con el número 567/2021. El escrito de inicio del expediente, según dejaron trascender voceros de la procuración porteña, sostiene que la suspensión de las clases “no es razonable”, “no se encuentra justificada en datos empíricos” y resulta “arbitraria”.

"Fundándose en la excusa de la propagación de la segunda ola del COVID-19, el Estado Nacional hace tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional, con el objeto de cercenar los derechos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo imponer de manera inconsulta una solución extrema que no encuentra justificativo en la situación epidemiológica actual, en cuanto a su real propagación en el ámbito escolar", resumió la presentación, de 68 páginas.

"Ninguna prueba o estudio ha presentado el DNU o el Gobierno Nacional para justificar la decisión adoptada con relación a un territorio que si bien es la sede del dicho gobierno, tiene en materia de Salud y Educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasallas de manera arbitraria e injustificada", añadió

Para el gobierno porteño, el decreto "es flagrantemente inconstitucional por tres motivos: por haber sido dictado sin necesidad; porque debió hacerse con intervención del Congreso Nacional que no se encuentra en receso; y porque supone una forma vedada u oblicua de intervenir la jurisdicción autónoma de la Ciudad de Buenos Aires".

"El resultado de la decisión del Gobierno Nacional viene a provocar el mismo efecto que produciría una intervención federal, en tanto y en cuanto el objetivo propio de la intervención federal es sustituir la voluntad política de las autoridades constitucionales constituidas en determinada jurisdicción, por la voluntad política del Gobierno Nacional

“Está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”, subrayó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El escrito reclama el dictado de una medida cautelar que, con carácter de urgente, restablezca la presencialidad de las clases, que por el DNU fue suspendida a partir del lunes próximo.

Ello, sostiene el escrito, “constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021”.

El gobierno local reivindicó “el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad” y recordó la obligación de “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.

“Debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales”, añade el texto.

La medida intentada por el gobierno porteño apunta al artículo 2 del decreto 241 firmado el miércoles por el presidente, Alberto Fernández. Ese artículo dispuso “la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive”.

Rodríguez Larreta, con el patrocinio letrado de Diego Farjat, le pidió a la Corte que le ordene al gobierno nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto” que implique la suspensión de la presencialidad en las aulas.