La Cámara Federal rechazó un planteo de dos ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio contra la reapertura de una causa por presuntas irregularidades en 23 contrataciones durante la gestión del ex interventor Atanacio Pérez Osuna.

Los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron una apelación presentada por el abogado José Ubeira en representación de los ex funcionarios  Miguel Ángel Larregina y Marta Nilda Pérez.

Ambos, junto con Pérez Osuna, habían sido sobreseídos, pero ante una apelación del fiscal Carlos Stornelli la Cámara reabrió la investigación y ordenó medidas de prueba.

Ubeira apeló ese fallo, pero la propia Cámara consideró ahora que esos recursos sólo son admisibles ante “sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, lo que no ocurre en el caso.

Tampoco “se verifica en el caso algún tipo de agravio de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior distinto del sometimiento a proceso aludido”, añadieron los camaristas.

“Se investiga en autos si existieron irregularidades en derredor de diversos procesos de contratación llevados adelante en el ámbito de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz, de cuya existencia dio cuenta una auditoría integral llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación”, (SIGEN) explica la resolución.

Según la SIGEN “se concluyó que en 23 contrataciones se había verificado: insuficiente fundamentación de la adquisición, falta de competencia para el ejercicio de ciertos actos, incumplimiento de plazos y retrasos en la tramitación, apartamiento injustificado de las consideraciones del servicio jurídico del ex Ministerio de Planificación”.

Según los camaristas, también se detectó “ausencia de parte de la documentación y significativa diferencia entre el monto presupuestado y el efectivamente adjudicado”.

“La pesquisa, entonces, se orientó a determinar (…) un significativo perjuicio económico al erario público, dada la diferencia entre el monto presupuestado y el monto adjudicado en cada caso”, resume la descripción de los hechos.