Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, intimaron hoy al Estado nacional por las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. 

Ante el vencimiento de los períodos de transición, los mandatarios provinciales exigen que el Gobierno central de Javier Milei no intervenga dado que según la Constitución nacional las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.

En esta línea, reclamaron que cualquier decisión que intente realizar el Poder Ejecutivo sea antes consensuada con los gobiernos de estas provincias.

Esta jugada de los gobernadores patagónicos se produce en medio de una agudización del conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores no kirchneristas luego del traspié de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

El presidente acusó a los gobernadores de faltar a su palabra y de no mandatar a sus legisladores a que apoyen en toda su integralidad la ley, incluyendo cada uno de los incisos. Los trató directa y públicamente de “traidores”

Este conflicto también alcanza a otros gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta).

La quita de los subsidios al transporte que dictó Milei como represalia por la supuesta falta de apoyo a la ley ómnibus generó una escalada de la tensión, e incluso llevó a gobernadores a activar medidas judiciales. 

El caso más curioso en este sentido es el del mandatario chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, por su pertenencia al PRO, la única fuerza política que en la Cámara de Diputados le brindó un apoyo total a La Libertad Avanza.

El joven gobernador instruyó a su equipo de Legales para interponer una acción cautelar contra el Estado nacional por la quita del subsidio para el trasporte público. 

La semana pasada, el gobierno nacional dispuso la eliminación a partir de este año del Fondo Compensador del Interior, a través del cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos de las provincias.

Ahora la escena se traslada a la Patagonia por esta acción conjunta de Río Negro y Neuquén. Weretilneck envió una carta documento dirigida al ministro de Interior, Guillermo Francos, basada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen la propiedad originaria de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan este mismo concepto. 

Por su parte, Figueroa envió una carta documento al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que le reprocha la falta de respuestas de parte del Estado Nacional vinculada a las represas hidroeléctricas. 

En este sentido, le exigió que se abstenga de avanzar en decisiones al respecto sin previa consulta a la provincia. 

En un comunicado conjunto, los gobernadores pidieron a las autoridades nacionales que “se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos, sin obtener previamente el consentimiento de las provincias”.

"Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno Nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales”, se afirmó en el escrito.