Una de las camaristas en lo Comercial que tiene a su cargo la causa por la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A.  deberá dejar su cargo por haber superado el límite de los 75 años de edad, según dispuso hoy la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Se trata de María Lilia Gómez Alonso, quien ocupa un cargo de camarista desde hace más de 30 años en el tribunal que desde hace dos décadas mantiene abierta y vigente la quiebra de la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri.

Gómez Alonso, quien incluso fue presidenta de la Asociación de Magistrados representando a la Lista Bordó (la más conservadora del Poder Judicial), cumplió 75 años en noviembre pasado, pero había obtenido una medida cautelar que le permitía permanecer en el cargo.

El fallo de primera instancia, del juez Pablo Cayssials, había admitido su argumento sobre que el límite etario impuesto en la reforma constitucional de 1994 no la alcanzaba pues ella ocupaba el cargo desde 1988, antes de que se modificara la Carta Magna.

Pero la Cámara, al revisar el caso, hizo prevalecer un fallo de la Corte que estableció que ningún juez que hubiera superado los 75 años de edad podría permanecer en el cargo a menos que se produjera una reválida por parte del Senado de la Nación, lo que no ocurrió en el caso de Gómez Alonso.

“El interés (de la jueza) de mantenerse en su cargo en las actuales condiciones se encuentra en oposición con el interés de los justiciables y del sistema judicial, en general en la preservación de la garantía del juez natural, que se vincula con el respeto a las normas constitucionales que regulan la designación y mantenimiento de los jueces federales”, sostuvo el fallo que revocó la cautelar que le permitía permanecer en el cargo.

Según los registros oficiales de visitas a la Casa de Gobierno y a la Quinta Presidencial de Olivos, la camarista visitó la sede del gobierno el 12 de septiembre de 2018, en compañía del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, uno de los investigados como presunto integrante de la “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos.

Por ese entonces, en la “Causa Correo” se dirimía un pedido de apartamiento de la empresa de la familia Macri contra la fiscal Gabriela Boquín, cuyo accionar impidió un acuerdo que posibilitaba el levantamiento de la convocatoria de acreedores con una sustancial quita en la deuda que el Estado le reclama a la firma.

Gómez Alonso integra la Sala B de la Cámara Comercial, que es la revisora de los fallos en la Causa Correo que dicta la jueza de primera instancia Marta Cirulli.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó la medida cautelar que le permitía seguir en el cargo, lo que –en la práctica- virtualmente pone fin a la carrera judicial de Gómez Alonso.

“La prestación regular del servicio de justicia no se vería afectado con esta decisión ya que la situación controvertida se encuentra reglamentada en el Reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen 75 años de edad”, dijeron los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.

“El Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso que sólo pueden continuar en su cargo aquellos magistrados que posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Senado correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo”, recordó el fallo.

Ello no ocurrió en el caso de Gómez Alonso.