Revés para Sergio Schoklender: le remataron una propiedad, la compró Mario Ishii y debe 150 mil dólares de intereses
Se trata de la casona “La Rosada”, hoy abandonada, y terrenos aledaños en los que estaba proyectada la construcción de viviendas populares.
Un juzgado civil remató una propiedad inscripta a nombre de Sergio Schoklender que fue comprada por el intendente de José C. Paz, Mario Ishiii, como titular de la Asociación Mula Consejo Partido Justicialista local.
Pero además, Schoklender –quien había comprado esa propiedad cuando era administrador de la Misión Sueños Compartidos- deberá pagar intereses punitorios por más de 150 mil dólares por incumplimiento de contrato.
Esa cifra, fijada por la Justicia es, -con todo- sensiblemente inferior a los más de 277 mil dólares que le reclamaba el propietario original de la propiedad por punitorios por el incumplimiento de contrato.
La causa se inició por el reclamo de un particular por una deuda de unos 40 mil dólares con quien se la vendió en pleno apogeo del programa de construcción de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Se trata de una casona bautizada como “La Rosada”, abandonada, y terrenos aledaños ubicados en cercanías de otro predio en el que estaba proyectada la construcción de viviendas populares cuando estalló la crisis que terminó pulverizando aquella iniciativa.
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Schoklender, según se desprende del expediente, había comprado a través de una sociedad ese inmueble, que tiene dos plantas, cinco dormitorios, seis baños, amplio living, cocina y terraza.
La casona está rodeada de cuatro parcelas con una glorieta, añeja arboleda y parque en buen estado de conservación, ya que estaba ocupada pacíficamente y mantenida por la ONG Los Troncos – Lido.
La propiedad fue rematada el 25 de abril pasado
El juez en lo civil Jorge Sobrino Reig, quien en setiembre pasado adjudicó la propiedad a la asociación encabezada por Ishii, resolvió que los intereses “para mutuos hipotecarios pactados en dólares estadounidenses” fueran de seis por ciento anual.
Grisolía reclamaba que fuera del 12 por ciento, según se había estipulado oportunamente.
Ahora, la Cámara Civil, con las firmas de los jueces Gabriela Scolarici y Claudio Ramos Feijoo, determinó que la tasa aplicable será la del ocho por ciento, lo que cuantifica la deuda en unos 152 mil dólares.