Los acontecimientos que se sucedieron la semana pasada frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ubicada en el barrio de Recoleta, confirmaron un primer escenario. Más allá de las valoraciones, la vicepresidenta logró una centralidad de la agenda política que no ocupaba desde sus tiempos como mandataria. Es verdad que en los papeles sigue siendo aún parte del alicaído gobierno de Alberto Fernández, pero ese cargo – definitivamente– se encuentra en un avanzado proceso de desmantelamiento.

Con un pedido de condena en sus espaldas de 12 años de prisión y una prohibición perpetua para ocupar cargos públicos por supuestos actos de corrupción durante sus dos etapas como mandataria por la causa "Vialidad", el kirchnerismo ha encontrado una forma de desdoblar al oficialismo. Mientras desde Casa Rosada se aplica un silencioso ajuste a cargo de Sergio Massa, los focos están puestos sobre una militancia que llama a una lucha popular por Cristina, quien denuncia un plan para proscribirla ("lawfare"), y -como resultado- reposicionarla como la jefa del peronismo. 

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Como parte de la estrategia, no se repara mucho en los desatinos de las gestiones pasadas en el Estado, pero se acusa a la Justicia de trabajar en connivencia y de forma espuria con la oposición. Es decir, la defensa –en realidad– es una contraofensiva. Aunque con algunos sobresaltos, así lo ha expuesto la vicepresidenta en mensajes en redes sociales y presentaciones. No busca respuestas entre la Justicia (“La condena ya está firmada”) sino entre electorado (“No vienen por mí, vienen por ustedes”).

En la causa judicial por la cual Cristina llegó por primera vez a una etapa de alegatos y de donde saldrá el veredicto, aparecen involucrados nombres como el empresario Lázaro Báez y José López, “caras de la corrupción” de los mandatos de los Kirchner. Al exsecretario de Obra Públicas, recordado por “los bolsos del Convento”, la vicepresidenta lo relacionó directamente –entre otros– con Nicolás Caputo, ideólogo del PRO, y como parte de un entramado que también involucra a operadores del macrismo en la Justicia y empresarios afines.

Días atrás, en paralelo, publicó en su cuenta oficial de Twitter una serie de documentaciones e imágenes en donde reveló que el fiscal Diego Luciani y el juez de la causa Rodrigo Giménez Uriburu jugaban al fútbol en el complejo deportivo “Los Abrojos” (provincia de Buenos Aires) del expresidente Mauricio Macri. Sus abogados solicitaron recursar a ambos, algo que fue denegado, lo que funcionó para apalancar aún más persecución judicial en su contra.

Resistencia popular o microclima militante, la pregunta detrás de las vallas de Recoleta

La escalada de tensión, multiplicada tras conocerse los pedidos de condena, desembocó en una vigilia frente a su casa en Juncal y Uruguay. Durante la última semana, se sucedieron diversas concentraciones en la zona, con el agravante de que es un bastión territorial e ideológico del macrismo. Pero, el sábado, los alrededores de la casa de Cristina amanecieron vallados por orden del Gobierno porteño, lo que derivó en enfrentamientos entre la Policía de la Ciudad y los manifestantes, que coparon la zona.

Tras varias horas, la propia vicepresidenta salió de su domicilio entrada la noche y habló en un escenario montado a último momento. Al principio, ratificó su intención de entonar un discurso más peronista que kirchnerista. “La violencia fue provocada por odio al peronismo. No toleran el amor y a la alegría de los peronistas”, apuntó. Pero, en el cierre, apeló a lo emotivo para agradecer (“Me siento un poco madre de todos ustedes”) e intentó calmar las aguas: “Vayamos a descansar que ha sido un largo día”.

En el lugar hubo funcionarios y dirigentes, como Máximo Kirchner y Axel Kicillof, Juan Grabois y Mayra Mendoza –entre otros– y, en una realidad argentina que se juzga por percepciones de fe, el mensaje oficial fue el del nacimiento de una resistencia popular y posicionamiento de Cristina como la piedra angular de esa retórica. Ahora, si bien hubo un shock de ánimo para una militancia que yacía desmoralizada, la demostración de fuerza en las calles no fue un “17 de octubre”, como algunos se aventuraron a pintar.

La convocatoria pisó fuerte en un barrio antagónico, sí. Pero la militancia entre urbana, joven y estudiantil presente no fue una expresión de la ancha y empobrecida clase media– baja. En la liturgia peronista, si es lo que se pretende aplicar, el músculo lo marcan los trabajadores de las clases populares y ayer los sindicatos tradicionales ni los movimientos sociales marcharon de forma orgánica. La CGT, si bien emitió un comunicado a favor de Cristina y hay quienes pujan por tomar posición activa, aún no unificó lineamientos ni planes de lucha al respecto.

Es innegable que Cristina marca adhesiones y pasiones que ningún otro político tiene. Tampoco debe omitirse la crisis de estadistas y líderes carismáticos de esta era. No obstante, hoy hay una clase trabajadora que vivió un descenso notable de su calidad de vida en los últimos 10 años de la Argentina. La cantidad de empleados que son pobres se duplicó, casi la mitad de la masa laboral no está registrada, el salario promedio está entre los más bajo de América Latina y la inflación que carcome los bolsillos podría llegar a los tres dígitos a finales del 2022.

Y, si bien hubo un mandato de Macri en el medio que tuvo entre sus mayores damnificados a los laburantes, este derrotero abarca desde la etapa final de Cristina como presidenta y desemboca en el actual Frente de Todos, una coalición de la que es la principal accionaria. Hoy, con ese agravante, las mayorías están coaccionadas a postergar sus urgencias para suscribirse a una guerra judicial que tanto kirchnerismo como oposición promocionan como causa nacional: Lawfare vs anticorrupción, peronismo vs República y así.

Cristina tomó la delantera de la agenda política por peso propio, pero no obtuvo (aún) una repuesta masiva en las calles. La falta de logros políticos en la última década, los alejados índices de prosperidad social y económica, y su participación en un gobierno en una recta final con más penas que glorias, sumada a la incertidumbre judicial, deberán ser objetos de estudio a la hora de auditar el volumen electoral y entablar las alianzas necesarias.

Más allá del núcleo duro del kirchnerismo, que hace culto religioso de la vicepresidenta pero cuyo caudal también tendrá que ser revisado, hubo un respaldo –al menos público– de todo el arco peronista que ha cerrado filas frente a un enemigo en común pero con una convivencia en el poder plagada de desaciertos e internas en los últimos años a cuestas. En ese sentido, hasta dónde trepa (y apunta) el descontento hoy con los gobierno populares entre los sectores bajos y las clases medias será la pregunta a responder.