El tercer pedido de indagatoria fue hecho por los fiscales Santiago Vismara y la titular de la fiscalía especializada de delitos contra la mujer Mariela Labozzetta contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich por abuso sexual.

La denuncia fue hecha por su sobrina, quien lo acusó de abuso sexual en situaciones que habrían ocurrido tanto en la Capital Federal como en la provincia. Incluso, inicialmente el exgobernador pretendía llevar la causa a la provincia, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia dirimió la competencia entre las dos jurisdicciones y determinó que el caso quede finalmente a cargo del juez porteño.

“Se vislumbra un cuadro probatorio con la suficiente entidad que permite encuadrar la situación fáctica a la norma procesal delimitada en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, dándose en la especie el estado de sospecha al que ésta alude”, sostuvieron Vismara y Labozzetta. En ese artículo, se estipula que el juez podrá interrogar a una persona en el momento en que existen motivos suficientes para sospechar que cometió un delito.

El primer pedido de indagatoria ante el juez Osvaldo Rappa fue presentado en diciembre del 2020, y luego otro presentado a fines del año pasado. El magistrado nunca lo definió, y por eso Alperovich aún no fue convocado como imputado.

Vismara y Labozzetta habían repasado las dos situaciones mencionadas por la denunciante, ocurridas en diciembre de 2017 dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para los funcionarios, ya se han hecho todas las medidas de prueba y no hay motivos para dilatar el llamado de indagatoria.

“En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, habían explicado los representantes del Ministerio Público en el requerimiento.