En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se realizó hoy una nueva ronda de exposiciones a cargo de especialistas invitados para analizar el proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos para reformar el Consejo de la Magistratura.

Los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, escucharon a Alejandro Segarra, quien concurrió a la Cámara baja en representación de la Asociación de Derechos Civiles; a Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; a la abogada constitucionalista Lorena González Tocci; y finalmente al relator en Corte Europea de Derechos Humanos Sebastián Guidi. También se sumó como orador el ex ministro de Justicia, ex juez y ex diputado nacional de la UCR Ricardo Gil Lavedra.

El flamante presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal advirtió que "institucionalmente no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte".

"Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación", aseveró el ex camarista.

No obstante, aclaró que no se puede "decidirlo de cualquier manera" sino que hay que "aspirar en esta oportunidad a hacer una ley duradera", y señaló que para eso se requiere "un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas".

"No podemos estar cada dos o tres años discutiendo nuevamente”, añadió Gil Lavedra.

A su turno, Pilo advirtió que "el proyecto (del oficialismo) elimina las segundas minorías y saca a un juez o jueza, respecto del modelo de 20 integrantes que está rigiendo ahora".

"No parece la solución más inteligente", opinó, y dijo que "hoy ya no tiene más sentido replicar el modelo de los bloques, algo que tenía sentido en 1997".

"La forma de resolverlo sería a través de los interbloques pero podría ser otra", sugirió Pilo.

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El proyecto oficialista, que ya tiene media sanción del Senado, propone una composición del cuerpo con 17 integrantes, con paridad de género y excluye a miembros de la Corte Suprema.

Se prevé además la creación de cuatro regiones federales (AMBA, Norte, Centro y Sur), y cada una de ellas tendrá un representante abogado y otro representante juez en el Consejo de la Magistratura.

El resto de los miembros provendrían del Congreso (6 integrantes), del ámbito académico/universitario (dos representantes) y uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Desde la principal coalición opositora no acompañarán el proyecto oficialista, ya que excluye a la Corte Suprema de la presidencia del órgano.

Por un fallo judicial, el Consejo de la Magistratura volvió a su vieja composición de 20 integrantes con la presidencia a manos del titular de la Corte Suprema, la cual existía desde la ley de 1997 y antes de la sanción en 2006 de una reforma que redujo la cantidad de miembros a 13.

La Corte Suprema consideró en un fallo reciente que esa composición de 13 miembros no respetaba el equilibrio necesario entre los estamentos de la política, jueces, abogados y academia; y puso como fecha tope para sancionar un nuevo marco normativo el 15 de abril.

Desde el Congreso no se puso avanzar en un plazo tan exiguo con una reforma de esta envergadura, que requería inexorablemente de un debate más largo y profundo, razón por la cual la Corte ordenó volver al diseño que rigió entre 1997 y 2006.

En consecuencia, Horacio Rosatti asumió al frente del Consejo de la Magistratura, y hubo que designar a dos nuevos integrantes del Congreso nacional, que luego de una serie de idas y vueltas judiciales (a raíz de impugnaciones a sus nombramientos) resultaron ser el senador nacional del Frente de Todos Martín Doñate y la diputada nacional de la UCR Roxana Reyes.