Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa pidieron el apartamiento del fiscal federal Carlos Stornelli de la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos que recayó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Stornelli se había excusado en una parte de la investigación, pero un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que todos los expedientes en los que se investigan presuntas actividades ilegales de inteligencia debían tramitar unificados.

Así, el tramo de espionaje a dirigentes políticos, gremiales, de organizaciones sociales y eclesiásticos, se anexó a la investigación sobre escuchas ilegales a los dirigentes políticos detenidos en la cárcel de Ezeiza.

Stornelli se había excusado de intervenir en esa última parte de la investigación porque como resultado de esas escuchas, él mismo se había convertido en querellante porque argumentaba que de esas comunicaciones surgía una maniobra en su contra que derivó en la causa conocida como “D’alessio”, por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

La unificación de todas las causas recayó en el juzgado federal número cinco, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se excusó de intervenir ante la existencia de pruebas que indican que también ella fue víctima del espionaje ilegal.

Pero Stornelli, más allá de su apartamiento parcial, sigue siendo el fiscal natural de la investigación y contra esa situación los abogados Peñafort y Rúa, como representantes del ex funcionario Roberto Baratta, plantearon su apartamiento.

El escrito señala que una de las maniobraas investigadas consistió en el alojamiento de detenidos por narcotráfico junto a ex funcionarios “a los fines de luego poder intervenir judicialmente los teléfonos públicos y de esa manera realizar inteligencia sobre los allí alojados, valiéndose de esas escuchas para realizar operaciones político mediáticas”.

Las transcripciones de esas escuchas, subrayaron los abogados, fueron “entregadas al fiscal Stornelli que utilizó los recursos de su Fiscalía para analizarlas y luego entregarlas a quien se las facilitó a la prensa, todo con el único fin de criminalizar la política”.

Según la imputación, ello fue “un mecanismo de extorsión para con los arrepentidos y ampliando las facultades para imponer prisiones preventivas, a  propósito de lo cual el fiscal requirió entonces necesaria la producción de diversas medidas de prueba”, como las que se produjeron en el trámite de este expediente”.

“Así las cosas, resultando su proceder objeto del presente proceso, no puede el imputado Stornelli intervenir en el caso también como fiscal”, insistieron.