La Cámara Civil confirmó un fallo que rechaza cerrar anticipadamente la demanda que le entabló el presidente Alberto Fernández a la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por haber sugerido que la Argentina no compraba las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer porque exigía un pago de “retornos”.

La Sala I del tribunal civil desestimó una apelación de Bullrich, quien había presentado “una defensa titulada como ‘defecto legal’, vinculada con el monto reclamado en la presente causa”.

Se trata de una objeción de procedimiento que Bullrich había opuesto por los cien millones de pesos que reclama el Jefe del Estado como resarcimiento, con el objetivo de donarlos al Instituto Malbrán.

Bullrich había presentado una objeción formal para intentar que la demanda del presidente fuera rápidamente desestimada.

Pero en primera instancia la Justicia “consideró suficientemente claro que el demandante reclama el daño moral que dijo haber padecido por la afectación de su honor y la cuantificación formulada en la demanda, más allá de que –lógicamente– cualquier decisión acerca de su procedencia y eventual monto sea una cuestión a dilucidar en la sentencia definitiva”.

La articulación de la ex ministra fue rechazada e incluso fue condenada a pagar las costas de la instancia, pero apeló la medida ante la Cámara en lo Civil.

“Los argumentos recursivos que pretenden la revocación de lo resuelto por razones formales resultan inadmisibles, sin perjuicio de lo que corresponda decidir en el momento de la sentencia definitiva sobre el fondo de los planteos”, resolvieron los jueces Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez.

Bullrich había declarado al canal de TV La Nación+ sobre las vacunas de Pfizer que “la actitud de (el ex ministro de Salud, Ginés) González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”.

De inmediato, el laboratorio multinacional negó tal versión: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”.

Alberto Fernández, con la representación legal del abogado Gregorio Dalbón, inició la demanda civil, que con este fallo ratifica su continuidad.