Rechazan la probation para empresarios vinculados con Lázaro Báez en una causa por evasión previsional
Las partes habían ofrecido una reparación económica del orden de los 200 mil pesos cada una, pagaderos en dos cuotas mensuales consecutivas.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico número tres rechazó una probation pedida por Julio Enrique Mendoza, el ex presidente de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, en una causa por presunta “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”.
Se trata de un expediente iniciado en 2016 en el marco de la andanada de causas contra las empresas de Báez, que en este caso incluyó a Diagonal Sur Comunicaciones.
El juez Jorge Alejandro Zabala, en un fallo unipersonal, resolvió “no hacer lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada por la defensa de Diagonal Sur Comunicaciones S.A., Julio Enrique Mendoza y Luciano Donaire”, este último también vinculado con el grupo empresario.
Esta parte del expediente está elevada a juicio “por el delito de apropiación indebida de aportes en el caso de Diagonal Sur Comunicaciones por los períodos fiscales de 12/2014, 6/2015, 8/2015 a 2/2016; respecto de Donaire –por sucesión de Adelmo Biancalani- en orden a los períodos fiscales 12/2010, 12/2011, 5/2012 a 7/2012 y finalmente, en relación a Mendoza, por Austral Construcciones, en orden a las posiciones mensuales 8/2010, 12/2010, 1/2011, 7/2011 a 12/2011, 3/2012 a 5/2012, 6/2012, 1/2013, 4/2013 a 12/2015”.
La Sucesión de Adelmo Biancalani es otra de las empresas por las que está investigado Lázaro Báez.
“Aquí no solo se ha dañado a la hacienda pública y a los recursos de la seguridad social en particular, aquí hubo una afectación a los trabajadores que se vieron impedidos del ingreso de sus aportes previsionales que obstó en su momento del goce efectivo de la obra social, como así también del perjuicio que les podría ocasionar en un futuro respecto de su jubilación”, sostuvo la AFIP al oponerse a la probation.
La fiscalía tampoco estuvo de acuerdo con conceder ese beneficio, por el que las partes habían ofrecido una reparación económica del orden de los 200 mil pesos cada una, pagaderos en dos cuotas mensuales consecutivas.
Mendoza explicó que “no se encuentra trabajando y se encuentra inhibido en sus bienes, y que actualmente vive con lo producido de un alquiler y la ayuda de sus hijos”.
Además, “refirió haber sufrido un ACV por el cual perdió la vista de su ojo derecho y que actualmente se encuentra tomando pastillas para la diabetes y la presión”.
Diagonal Sur Comunicaciones, por su parte, señaló que “no tiene actividad alguna desde el inicio de la causa”, en 2016.
El fallo destacó “la oposición presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal tiene suficiente sustento, resistiendo un examen de razonabilidad al presentarse en el caso una motivación suficiente, confiriéndole ello el carácter vinculante que la ley le asigna y llevan al rechazo de las solicitudes de suspensión de juicio a prueba”.
Tanto la fiscalía cuanto la AFIP sostuvieron, además, que “la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba” está excluida “en relación a los delitos tributarios”.