Rechazan la inconstitucionalidad de una ley de CABA que impacta en la quiebra de Correo Argentino
La norma establece que los fallos de la Justicia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Capital Federal tienen que pasar por la instancia de apelación del Tribunal Superior porteño antes de llegar a la Corte Suprema.
Una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo de inconstitucionalidad de una agrupación de abogados contra la ley de la Legislatura porteña que creó una instancia intermedia de apelación antes de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo tiene impacto en causas como la quiebra de la empresa Correo Argentino, de la familia del ex presidente Mauricio Macri, y en cientos de juicios laborales, que ahora podrían tener que atravesar la instancia del Tribunal Superior de Justicia porteño antes de llegar a la Corte.
La Jueza Cecilia Gilardi de Negre rechazó la acción de amparo presentado por la Asociación Civil Gente de Derecho, que gobierna en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La magistrada consideró que esa asociación no tiene “legitimación activa” para reclamar la inconstitucionalidad de una norma sancionada por la Legislatura, aun cuando sus efectos repercutan directamente en la actividad de los abogados a los que representa.
La jueza falló “haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación procesal del accionante e inexistencia de caso opuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, la contraparte en el expediente.
El fallo sostiene que “no se advierte un perjuicio concreto de los intereses de los abogados que ‘Gente de derecho’ dice representar sino que la accionante pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma procesal sin acreditar el agravio concreto a sus asociados”.
La ley porteña estableció que las causas que provengan de los fueros Comercial, Laboral y Civil de la Capital Federal, antes de llegar a la Corte Suprema deberán ser revisados por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
Ello, según Gente de Derecho, significó una alteración en el orden federal de gobierno y una intromisión de la Ciudad de Buenos Aires sobre cuestiones federales para las que no está facultada.
“La declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere no solo demostrar de qué manera se contraviene la Constitución Nacional, sino probar que ello causa gravamen en el caso concreto”, respondió la jueza.
De tal manera, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, pero desconoció la capacidad de Gente de Derecho para reclamar la inconstitucionalidad de la ley de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.