La Cámara Federal de Casación rechazó un pedido de la empresa Pecom Servicios Energía S.A.  para ser incorporada al juicio oral previsto por presuntos sobornos en las obras de construcción de  gasoductos en el norte y el sur del país, conocida como “Causa Skanska”.

Pecom, la empresa de la familia Pérez Companc, compró la filial argentina de la multinacional Skanska en 2015, cuando la investigación estaba cerrada por inexistencia de delito.

Pero dos años más tarde, la Cámara Federal dispuso su reapertura tomando como válido un elemento de prueba que había sido desestimado en la etapa anterior: una grabación en la que un directivo de la empresa reconocía la existencia de los pagos ilegales.

Pese a que la investigación se inició en 2005, el juez Sebastián Casanello procesó a ex funcionarios –entre ellos el ex ministro Julio De Vido y su ex colaborador José Francisco López- y a ex directivos de Skanska en 2017, y al año siguiente la Cámara Federal confirmó esa decisión.

Así, el expediente quedó encaminado al juicio oral y púbico.

Pecom, como continuadora de las actividades de Skanska,  pidió estar en el juicio para “ejercer el debido derecho de defensa respecto a las posibles consecuencias patrimoniales”.

El planteo apuntaba que Pecom Servicios Energía S.A. pudiera ejercer su derecho de defensa ante eventuales decisiones judiciales que pudieran afectarla como sucedánea de Skanska.

Pero los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma rechazaron el pedido porque no existe “un agravio de tardía o imposible reparación ulterior o que involucre el debate de una cuestión federal”, ni tampoco “una vulneración a garantías constitucionales”.

La Causa Skanska ya fue elevada a juicio y quedó radicada ante el tribunal oral federal número cuatro, que atraviesa la etapa de ofrecimiento de pruebas previa a la citación al debate.

Paralelamente, la Corte Suprema tiene pendiente un planteo de nulidad por doble juzgamiento que, en caso de prosperar, podría poner fin al expediente.