El piquetero Raúl Castells aseguró hoy que "mientras el Gobierno no responda" van a "seguir en la calle", al hablar luego de ser denunciado por incentivar los saqueos en el país 

Como lo hizo anteriormente, se responsabilizó de los ataques a distintos comercios y hasta dio su celular alegando que va a "ayudar a quienes fueron saqueados en las últimas horas".

"Les vamos a pedir a todos que no vayan a los pequeños y medianos negocios", pidió el piquetero en diálogo con el canal de noticias TN mientras que trató de defenderse al indicar: "Acá el robo es una milanesa a $4.500. Nosotros vamos a defender a los pobres".

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"El Gobierno no entrega alimentos a ningún comedor desde hace tres meses, si lo hace esto se termina", subrayó Castells.

En su relato, explicó que el conflicto es con "las grandes empresas" y no con los comercios chicos, por lo que les pidió "que tengan paciencia". "Les avisamos a los funcionarios que no somos tontos. Mientras que el Gobierno no responda, vamos a seguir en la calle", enfatizó el piquetero.

Desde la noche del martes cuando Castell confirmó que él inició el desencadenante de los ataques en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los saqueos y la violencia se incrementaron.

Durante la mañana del miércoles Yamil Santoro, Juan Martín Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza realizaron una denuncia que recayó en el Juzgado Federal 6 de Comodoro Py. 

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Según la presentación, Castells es acusado por instigar a “cometer robos” luego de que él mismo lo dijo en una entrevista televisiva: "La gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida". 

En la denuncia, se lo acusan de violar el artículo 209 del Código Penal que reprime con prisión de dos a seis años a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. 

Según pudo saber Noticias Argentinas, el juez Daniel Rafecas delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mangano y teniendo en cuenta que la investigación de cada uno de estos hechos es potestad exclusiva de las jurisdicciones provinciales o locales, se centró el objeto del caso en establecer la existencia de la supuesta organización declamada por Raúl Castells en los medios de comunicación.

La fiscalía, según se supo, requirió al ministerio de Seguridad de la Nación que lleve adelante un relevamiento de estos episodios en los que consigne la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante.

También se requirió la realización de un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet a fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país. Y finalmente se solicitó un pedido de informes a la ministra de Desarrollo Social de la Nación relativo al funcionamiento del RENACOM.