La Cámara Federal de Casación confirmó la continuidad de una causa contra el titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, un hombre muy cercano al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda acusado por corrupción en la administración del organismo que depende del máximo tribunal.

La causa se inició en setiembre del año pasado por la denuncia de un trabajador de la obra social y ampliada luego por el sindicato de trabajadores Sitraju, que añadieron nuevos detalles sobre las supuestas irregularidades.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó a fines del año pasado y todavía no resolvió si llamará a indagatoria a los imputados, Tonón entre ellos. El titular de la obra social pidió la nulidad de toda la causa porque consideró que el denunciante original declaró bajo juramento de decir verdad y terminó auto incriminándose en los hechos que estaba relatando.

Esa declaración, arguyó Tonón, “resultó conculcatoria de la garantía constitucional receptada por el artículo 18 de la Constitución Nacional en tanto impide exigir promesa juramentada de decir verdad a la persona que aparece sospechada de ser autor o cómplice de los supuestos delitos denunciados”.

En diciembre pasado, la Cámara Federal rechazó el argumento y le recordó a Tonón que cuando en la declaración se advirtió que el denunciante podría estar auto imputándose, “el Fiscal ordenó la suspensión del acto, le informó al declarante las razones de dicho proceder y puso en conocimiento de ello a la letrada que lo acompañaba, que se encontraba en la antesala de la sede fiscal en que se llevó a cabo la audiencia”.

Ese es el procedimiento habitual en situaciones de esta naturaleza, y uno de los ejemplos más claros en ese sentido fue la declaración como testigo del portero Jorge Mangeri en el crimen de la adolescente Ángeles Rawson, por el que finalmente terminó condenado a prisión perpetua.

“Ni en la denuncia ni en la audiencia se verificó proceder alguno dirigido a compeler, coaccionar o torcer la voluntad del nombrado con miras a lograr su autoincriminación, sino que fue el propio devenir de la actividad instructoria el que permitió advertir la necesidad de adoptar una decisión que permitiera hacer efectivas las garantías involucradas en el nuevo escenario”, dijeron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Tonón, a través de su abogado, Alejandro Morreale, apeló ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, que ratificó el rechazo a la nulidad.

La apelación, dijeron los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, “no cumple con el requisito de impugnabilidad, ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.