Miércoles, 15 Diciembre 2021 09:55

Ratifican los procesamientos de cuatro intendentes por desvío de fondos para tratamiento de residuos

Se trata de Francisco “Barba” Gutiérrez, ex intendente de Quilmes;  Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán;  Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama. Casación rechazó sus apelaciones.

Una de las plantas del proyecto GIRSU. Una de las plantas del proyecto GIRSU. Foto: NA - Redes sociales

La Cámara Federal de Casación rechazó los planteos de cuatro ex intendentes procesados por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” mediante el manejo del plan denominado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) entre  2003 y 2015.

El máximo tribunal penal, en fallo dividido, descartó habilitar una nueva etapa de revisión de los procesamientos contra Francisco “Barba” Gutiérrez, ex intendente de Quilmes;  Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán;  Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama.

En fallo dividido, la Casación desestimó las apelaciones al considerar que no está habilitada a intervenir porque no se trata de fallos definitivos o resoluciones que pongan fin a la investigación.

Así opinaron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero la tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, se había inclinado por habilitar la revisión “dada la particular circunstancia del caso en cuanto podría configurarse un supuesto de arbitrariedad de sentencia, encontrándose en juego el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido Proceso”.

En la causa, en la que están acusados otros 40 ex intendentes y tres ex jefes de Gabinete (todos en camino al juicio oral y público) se investiga el supuesto “empleo del marco legal GIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales".

Así lo definieron el fiscal Carlos Rívolo y el difunto juez Claudio Bonadio al dictar los procesamientos, y lo confirmaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. El monto de la presunta defraudación fue cuantificado en unos 600 millones de pesos.

El programa GIRSU destinaba aportes económicos del Estado Nacional para que un centenar de municipios desarrollaran sus programas de tratamientos de residuos sólidos.

Pero según Rívolo, terminó favoreciendo “el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades".

Escrito por
Buenos Aires, NA