El juez federal Daniel Rafecas resolvió que un tribunal federal de Entre Ríos deberá continuar investigando las denuncias de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre por la presunta defraudación de sus derechos hereditarios, asfixia económica y violencia de género que sostiene estar sufriendo desde hace más de una década.

Rafecas coincidió con el dictamen del fiscal Federico Delgado, quien recomendó que el expediente pase a la jurisdicción entrerriana pues allí ocurrieron los hechos que son materia de investigación, “lográndose de ésta manera la acabada aplicación de los principios de celeridad y economía procesal y la tutela de los derechos constitucionales de juez natural y defensa en juicio”.

La resolución del juez, de una extensión de 24 páginas, suscribe las expresiones del fiscal Delgado, en el sentido de que “los hechos denunciados por Dolores Etchevehere, encuentran su encuadre legal dentro de las previsiones del artículo 168 del Código Penal, el cual prevé que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez a años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.

Todo ello -añade el documento – se enmarcó en la ley de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Rafecas subrayó que “una de las personas sindicadas por el Dr. Delgado como responsable de los hechos denunciados, Luis Miguel Etchevehere, ejerció la cartera de Agroindustria de la Nación, desde el mes de 21 de noviembre de 2017 hasta el final del mandato del ex Presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2019. Esta circunstancia desplaza de por sí la competencia de los tribunales ordinarios a la justicia federal”.

La resolución repasa los términos de la declaración de la hermana mujer de los Etchevehere, quien advirtió que luego del fallecimiento de (su padre) Luis Félix Etchevehere y una vez iniciado el proceso sucesorio, tomó conocimiento de la falsificación de la firma del nombrado -circunstancia que aconteció días previos a su fallecimiento­- en un acta de directorio que refiere que aquél ‘le cede la administración a Leonor Barbero Marcial (su madre) de todos los campos”.

“La denunciante hizo hincapié en la fecha en que habría sido firmado ese documento, sobre todo porque tanto ella como su padre se encontraban en Buenos Aires ­el documento señalado se celebró en Paraná­ y, por último, que aquél permaneció en terapia intensiva e intubado hasta su deceso”, resumió la declaración sobre el origen de la controversia que la enfrenta con su familia.

Dolores Etchevehere denunció que “sufre una estrategia sostenida sistemáticamente desde entonces por sus hermanos y su madre para despojarla de sus derechos hereditarios mediante una serie de actos que convergen, básicamente, en su asfixia económica. Expresó que en ciertos momentos no tuvo dinero para darle de comer a sus hijos”.

Rafecas valoró el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación, que concluyó en que “situar la violencia en razón del género en este contexto más específico permite comprender la reacción frente a la decisión de Dolores de no acatar el rol de pasividad y obediencia tradicionalmente asignado a las mujeres, y la hostilidad que provocó su decisión de hacer público un conflicto que, de no ser por ella, jamás habría trascendido la esfera privada” .

“La elección de la denunciante de hacer públicos los hechos de violencia psicológica y económica ejercida por parte de su entramado familiar más cercano desenmascara el carácter ideológico de la división entre la esfera pública y privada, que suele pasar desapercibido”, añadió el dictamen.

Tras la decisión de Rafecas, la causa irá al juzgado federal número uno de Paraná, a cargo del juez Leandro Damián Ríos.