Apática, descreída pero con una ligera ilusión de que venga un nuevo gobierno, la corporación tribunalicia unificó su discurso y sus expectativas sobre el proceso eleccionario en una sola premisa: el respeto a la independencia judicial.

La influyente Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial sostuvo esa premisa en cuanto documento emitió en los últimos cuatro años, especialmente después de que fracasara el ensayo conciliador del presidente, Alberto Fernández, al colocar al frente del Ministerio de Justicia a su ex socia Marcela Losardo.

La corporación judicial festejó aquella designación y se ilusionó con que “uno de los nuestros” aceitaría un canal de diálogo con el Ejecutivo, que –además- estaba en manos de un hombre de derecho.

Alberto Fernández tiene un perfil académico y no cultivó relaciones personales con jueces y fiscales de Comodoro Py; Losardo tampoco en forma directa, pero su proximidad con los referentes de la Asociación de Magistrados se insinuaba promisoria.

Toda aquella especulación se diluyó rápidamente. No porque el Poder Judicial viera en el Presidente a una suerte de traidor de su clase sino porque sospechó desde el vamos que su compañera de fórmula y factótum de su llegada a Balcarce 50, Cristina Fernández de Kirchner, buscaría cobrarse viejas deudas que, en su consideración, se resumían en un solo término sajón: Lawfare.

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Cristina Kirchner es el fetiche maldito en Tribunales. El Poder Judicial, que se ufana de ser el garante de la aplicación de la ley, sabe que los vientos políticos arriman artículos que no siempre están escritos en el Código Penal.

El escenario político 2023 presagia, según entienden en tribunales, un nuevo golpe de timón. Y eso, suponen, les devolverá la tranquilidad que hoy sienten amenazada.

El grueso del Poder Judicial está alineado detrás del liderazgo de Horacio Rosatti. Su figura despierta rechazos en algunos fieles que siguen alineados con Ricardo Lorenzetti, pero en líneas generales el actual presidente de la Corte es quien marca el paso.

“El juicio político a la Corte estaba muerto antes de nacer. Lo que pasa en el Congreso (en rigor, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados) es un circo patético para que (Rodolfo) Tailhade, (Eduardo) Valdés y (Leopoldo) Moreau queden bien con Cristina. Pero hoy no tienen los votos y después del 10 de diciembre ni hablar. Esto se termina pronto”, especulan, en absoluto off the record.

El horizonte auspicioso se cimenta, además, en un hecho que desde hacía tres lustros no se repetía: el alineamiento ideológico de la Corte, la Asociación de Magistrados, la de fiscales (AFFUN), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN, el gremio de Julio Piumato), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, este último el ala históricamente más conservadora de los letrados porteños.

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Todos esos sectores estuvieron en un mismo palco, en las escalinatas del Palacio de Tribunales, poco antes de la feria judicial de invierno, en un acto justamente en defensa de la “independencia judicial”.

“No pasa una semana en que no tengamos que expresarnos sobre distintos ataques. (…) No nos van a vencer en esta lucha. (…) Quienes atacan a la independencia judicial muestran su vocación de cambiar el sistema democrático y republicano por uno autoritario”, resumió el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle.

La sensación instalada en los ámbitos tribunalicios es que el próximo presidente/a será de Juntos por el Cambio. Allí las preferencias, siempre en tono de sigilo, están divididas.

Al sector que le cae mejor Horacio Rodríguez Larreta se le cayó un soldado importante: el ex ministro Marcelo D’Alessandro, de fluido vínculo con la corporación. Patricia Bullrich, en cambio, tiene a todos sus colaboradores de su gestión como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri caminando tribunales. En realidad, los pasillos de tribunales no tienen los movimientos de la pre pandemia y la tecnología ha suplantado mucho aquellos viejos cabildeos y “alegatos de oreja”, como los llamaba el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni.

Por fuera de esa percepción de cambio de signo político en la Casa Rosada, un sector –acaso más pragmático- del Poder Judicial se tranquiliza cuando observa que si no gana un candidato de Juntos por el Cambio la alternativa es Sergio Massa.

De él, quien tiene cantidad de históricos vasos comunicantes con jueces y fiscales de Comodoro Py, no esperan sorpresas desagradables.

Gestiones de “buenos oficios” hubo en todos los gobiernos menos en el actual, que tras la salida de Losardo eligió la confrontación dialéctica y así le fue: no consiguió imponer ninguna de sus iniciativas en materia judicial.

Massa, suponen, podrá retomar esa amable “colaboración institucional” entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.