El tribunal oral federal número dos prorrogó por un año la prisión preventiva del ex carapintada Martín Eduardo Sánchez Zinny, preso desde hace cuatro años por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre ellos la desaparición de la hermana del juglar Víctor Heredia.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Enrique Méndez Signori extendieron la preventiva para Sánchez Zinny a partir del 10 de junio y justificaron tal decisión en que el juicio oral está previsto para el segundo semestre de 2021.

Sánchez Zinny se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria, que le fue concedida por una delicada situación familiar.

En esta instancia, está acusado por “los presuntos delitos cometidos en el ámbito del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército en el último gobierno de facto”, según explica el fallo.

Si bien hoy se cumplen cuatro años desde que el juez Daniel Rafecas dispuso su prisión preventiva, el tribunal oral determinó que “existe peligro de entorpecimiento del presente proceso por cuanto es precisamente en este estadio procesal en el que ya se han establecido quiénes serán los testigos donde debe resguardarse especialmente la producción de la prueba que tendrá lugar en el debate oral y público”.

Además, el tribunal destacó “las influencias que podría conservar aun Sánchez Zinny en relación a quienes integraron la estructura de poder de la que habría sido parte en al momento de los hechos”.

Sánchez Zinny está acusado por “la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza en cuatro oportunidades, aplicación de tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario público a un detenido bajo su guarda y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de autor material”.

Además de esos delitos cometidos en la dictadura,  Sánchez Zinny participó en los alzamientos de los “carapintadas” de finales de los 80.

El tribunal oral admitió que “los motivos que validaron oportunamente la imposición de la prisión preventiva no operan ‘per se’ como justificativo para su continuidad ‘sine die’ pues, de hacerlo, se estaría aplicando de manera encubierta una pena bajo la denominación de medida cautelar”.

No obstante, los jueces consideraron que “la medida cautelar no se avizora como irrazonable, máxime si se considera que, desde la última prórroga, se ha citado a las partes a juicio y proveído la prueba ofrecida”.

“Actualmente nos hallamos llevando a cabo los actos preliminares del juicio oral que, su comienzo, estaría en condiciones de establecerse durante el segundo semestre del año en curso”, resumieron.