A cuatro años de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la Procuración General sigue en su laberinto con el interinato de Eduardo Casal, cuestionado por el kirchnerismo, al tiempo que ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández pudieron impulsar a sus candidatos para regularizar la situación institucional.

La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de la dimisión de la abogada al frente del Ministerio Público, aunque se había tomado licencia a partir de noviembre de 2017 y en su lugar había quedado Casal.

Tras la salida de Gils Carbó, el entonces presidente, Mauricio Macri, envió al Senado el pliego de Inés Weinberg de Roca, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Sin embargo, su postulación nunca fue aceptada por el bloque peronista en la Cámara alta y naufragó la iniciativa oficial.

Con el cambio de Gobierno, el actual mandatario, Alberto Fernández, propuso al juez Daniel Rafecas para hacerse cargo del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la intención del kirchnerismo duro de modificar la forma en que se elige al procurador hizo que el propio magistrado avisara que no estaba de acuerdo y que en caso de que avanzara esa iniciativa, iba a declinar el ofrecimiento hecho por el jefe de Estado.

Con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre el proyecto impulsado por diputados cercanos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, dio un paso atrás.

Luego de que el peronismo perdiera la mayoría en el Senado, la misión de designar al nuevo procurador general necesitará más que nunca el consenso de Juntos por el Cambio: el Poder Ejecutivo debe obtener el respaldo de los dos tercios de la Cámara alta para poder avanzar con la designación de su candidato.

"El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República", establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Si se mantiene esta situación -la falta de consenso para designar al nuevo procurador- hasta fin de año, habrá durado más el interinato de Casal que el mandato de Gils Carbó.