La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a seis personas acusadas de arrojar piedras que causaron daños al Congreso de la Nación durante las protestas por el acuerdo con el FMI.

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La magistrada dispuso los procesamientos por delitos que no son de los más graves del Código Penal, intimidación pública y daño calificado, pero en la descripción de los hechos rozó la calificación de asociación ilícita.

La jueza sostuvo que “ningunas de las conductas que se les reprochan (a los seis imputados) aparecen como espontáneas o carentes de finalidad”.

En ese contexto, habló de una “división de roles”, uno de los elementos típicos de la asociación ilícita.

Además, mencionó “una coordinación basada en un acuerdo previo dirigido a suscitar tumultos y/o desórdenes, entre las personas que asistieron el día de los hechos a las inmediaciones del Congreso de la Nación”, definición que también encuadra en la figura de la asociación ilícita.

Los procesados, sobre quienes pesan  además embargos de seis millones y medio de pesos, son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés.

Los procesamientos no incluyen la prisión preventiva, de modo que ninguno quedará detenido durante la sustanciación del proceso.

La jueza entendió que “fue el Palacio Legislativo el cual resultó afectado por las conductas aquí investigadas, alcanzado esa afectación la suma de 6,2 millones de pesos,- en base a la estimación provisoria efectuada por la Secretaria Administrativa del Honorable Senado de la Nación”.

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Capuchetti aceptó como querellante al Senado de la Nación en su conjunto, después de que un fallo de Cámara rechazara a la presidencia, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, en ese rol.

El despacho de la vicepresidenta fue el principal afectado por las pedradas lanzadas por los manifestantes.