Una organización no gubernamental denunció penalmente al directorio de la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) por presuntamente favorecer a la empresa Techint en la licitación del gasoducto Néstor Carlos Kirchner.

La Fundación Apolo, a través  de sus referentes, Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, formuló la denuncia argumentando que “se habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto mediante la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación".LEE: Rossi: "El Presidente tomó una decisión que creyó que nunca iba a tener que tomar"

La denuncia apunta a la figura de la “administración fraudulenta agravada” y es el primer coletazo de la renuncia del ministro de la Producción, Matías Kulfas, después de que trascendiera una información remitida a un grupo de periodistas con cuestionamientos al proceso licitatorio.

Ese mensaje de Whatsapp, con pretensiones de “off the record”, sostenía que funcionarios de IEASA alineados con el kirchnerismo, habían establecido condiciones para el pliego de licitación que orientaban la adjudicación para Techint.LEE: Espert: "Un inútil como Scioli va a un ministerio inútil como el de producción"

“Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA). Los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina", decía aquel mensaje, que terminó causando la salida de Kulfas.

“Los intereses confiados en los que ejercen la administración de la compañía IEASA se habrían visto perjudicados pues evidentemente o se estarían llevando a cabo las obras con tecnología de menor calidad de la disponible, o a un costo más alto del posible”, sostiene la denuncia.

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La Fundación advirtió, además, que la documentación sobre la licitación no está adecuadamente publicada en la página web de IEASA, “en violación de expresas normas de transparencia activa establecidas por la ley 27.275 de acceso a la información pública”. Techint fue la única empresa oferente y se quedó con el contrato.