Desde hace muchos años en los congresos de Derecho Constitucional uno de los temas recurrentes que se abordan consiste en tratar de dilucidar si la Justicia es captada por la política o si por el contrario la Justicia juega a la política. Todavía seguimos debatiendo el tema porque en nuestro país es una cuestión que lamentablemente no pierde actualidad más allá de quién gobierne o quién cumpla el rol de oposición.

Un primer punto a tener en cuenta es que nuestro sistema jurídico funciona en base al principio de rogatoria y que, por ende, ningún juez o jueza que deba controlar al poder puede iniciar una causa sin que previamente exista una denuncia penal o una acción judicial. Con lo cual, en principio llega a la Justicia, aquello que la política auspicia para su arribo. Ahora bien: ¿Toda decisión que arriba a la Justicia es merecedora de un proceso judicial y una sentencia? Definitivamente no. Muchas cuestiones que son debatibles en el campo de la política no necesariamente tienen una correlación judicial. El problema actual es que los estrados judiciales, por decisión de la política, sustituyen cada vez más a los ámbitos de debate habilitados por la Constitución para acordar o dirimir políticamente hablando.

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Y ante dicha circunstancia, el Poder Judicial aprovecha la veta para incrementar su incidencia en las esferas de poder o bien queda atrapado por el impacto que suscitaría en la opinión pública una decisión ajustada a derecho pero impopular para alguno de los lados de la grieta. En otras palabras, hay circunstancias que pueden generar un fuerte rechazo desde la ética democrática pero que no necesariamente configuren un delito y esto debe ser dirimido en el campo de la voluntad popular. Claro que es necesario aclarar que siempre que existan derechos subjetivos o colectivos en juego no hay cuestiones no justiciables que valgan.

Sin lugar a dudas son necesarias reformas sistémicas al Poder Judicial para adaptarlo a los desafíos emergentes de la Cuarta Revolución Industrial, pero más necesario aún, es el pasaje de la adolescencia a una madurez temprana de la clase política argentina para evitar, una y otra vez, llevar todo a la Justicia para que sea dicho órgano el que se encargue de dirimir el debate político. Cambiar el sistema, y a la vez, mantener la misma cultura es una suma cero que seguirá afectando el pleno funcionamiento del sistema democrático.

Seguir sobrecargando al Poder Judicial con todas las controversias políticas no parece ser un camino razonable en la construcción de puntos de encuentro que permitan superar siquiera los bordes de la grieta habilitando políticas públicas donde visualizar un poco el futuro.

(*) Abogado constitucionalista. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos UBA y UNLPam.