Las agrupaciones que conforman Unidad Piquetera se movilizarán este miércoles hacia el Ministerio de Desarrollo Social tras denunciar que casi 155.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo fueron suspendidos. La marcha comenzará a las 14:00 en el Obelisco y en Avenida 9 de Julio e Independencia. Advierten que permanecerán en el lugar hasta que se revierta esa situación.

Entre las exigencias de los piqueteros, reclaman una reunión urgente con la ministra Victoria Tolosa Paz; el cese de las suspensiones; que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito; la apertura de nuevos cupos para planes sociales, y el aumento del monto a un salario igual a la canasta básica.

“Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilado y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas”, sentenció Unidad Piquetera en un comunicado.

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El punto de encuentro de las organizaciones será en el Obelisco y Avenida 9 de Julio e Independencia. De todas maneras los protagonistas llamaron a movilizarse en todo el país y amenazaron con un nuevo acampe.

Desde Unidad Piquetera esperan que el Gobierno revierta la suspensión de beneficiarios que no validaron sus datos a través de la App Mi Argentina, antes del 15 de enero; que se extienda el plazo para realizar el trámite y, mientras tanto, no se efectúe ningún descuento sobre el dinero que perciben.

En las organizaciones explicaron que muchas personas no lograron hacer la validación por dificultades técnicas, falta de conectividad o problemas para acercarse a un Centro de Referencia (CDR) a recibir asistencia. 

“No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por Internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160.000 personas en situación de extrema vulneración social van a ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares”, se quejaron los piqueteros.

El Gobierno respondió que cuentan lo que resta de enero para completar el trámite quienes estén realizando alguna contraprestación.