Los familiares del difunto diputado Héctor Enrique Olivares, asesinado junto con su asesor Miguel Yadón en mayo de 2019 en cercanías del Congreso,  pidieron la pena de prisión perpetua para los dos acusados de haber efectuado los disparos que causaron los decesos.

Las abogadas que representan a la querella de la familia Olivares, María Fernanda Prack y Luciana Setti, consideraron que el principal imputado, Juan José Navarro Cádiz, fue el autor material de los disparos, en tanto que su primo Juan Jesús Fernández fue considerado “coautor”.

Los familiares de Yadón, representados por la abogada Mónica Adriana McGaul, evaluaron las conductas de idéntica responsabilidad pero no pudieron pedir pena por una cuestión procesal.

Ambas querellas formularon la imputación por el delito de “homicidio agravado por alevosía y placer”, cuya pena única –según el Código Penal- es la prisión o reclusión perpetua.

El fiscal Ariel Alejandro Yapur inició su alegato, que pareció encaminarse en el mismo sentido, pero postergó para el miércoles próximo el pedido de penas.

El acusado Navarro Cádiz admitió que fue él quien disparó la ráfaga que causó las dos muertes pero explicó que no tuvo intención de herir a nadie y que actuó bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

Navarro Cádiz aseguró que cuando disparó no se percató que estaban pasando dos personas por la línea de fuego y que no tuvo intención de matarlos.

De esa manera, buscó desvincular del doble crimen a su primo (ambos pertenecen a la comunidad gitana) Juan Jesús Fernández, quien estaba a su lado cuando ocurrieron los hechos.

El episodio ocurrió el 9 de mayo de 2019 a metros del Congreso de la Nación, cuando Olivares y Yadón murieron por una ráfaga de cinco disparos salidos del arma que manipulaba Navarro Cádiz.

El tribunal, integrado por los jueces Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Luis Salas, tiene previsto anunciar su veredicto a mediados de setiembre próximo.