La abogada Valeria Carreras promovió una sanción disciplinaria y el apartamiento de la Causa Obra Pública del fiscal Diego Luciani a raíz de una publicación académica de 2019 en la que adelantó opinión sobre el expediente en el que tres años después pidió la pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En efecto, Luciani participó del staff de juristas que escribió el libro “Corrupción, estado de derecho y derechos humanos”, patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer.

Allí, escribió: “en nuestro país se viene observando un acontecimiento social inédito de rechazo y repulsa frente a todo acto de corrupción cometido por los funcionarios públicos y el sector privado. Esto último, debido a que se ha verificado que, en la enorme mayoría de los casos, detrás de un hecho de corrupción de un funcionario público aparecen involucradas personas del mundo empresarial, quienes en su círculo social gozan de un cierto prestigio”.

“El dinero que se desvía de los fondos públicos pasa a manos privadas como un modo de obtener impunidad. El abuso en el ejercicio de sus cargos por parte de los funcionarios para obtener ganancias a partir de las actividades con empresas privadas puede poner en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho, tal como se ha detectado en Argentina con los presuntos sobornos en la cartelización de la obra pública”, añadió el fiscal en aquella publicación.

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Carreras, quien patrocina la querella de familiares de víctimas del ARA San Juan tanto en el reclamo de justicia por el naufragio cuando en la causa por presunto espionaje ilegal contra ellos, aclaró que formuló la denuncia a título personal, “como ciudadana y abogada”.

“He tomado conocimiento de la existencia de una publicación del propio Luciani, donde adelanta opinión y se trasluce en el 2019 su juicio respecto a lo investigado en la causa de referencia”, advirtió la presentación, formulada ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

“No me ocupa si el fiscal leyó o no leyó, si el fiscal incorporó prueba a posteriori o no como tampoco entrar a evaluar en si jugó futbol, pádel o truco”, aclaró la denunciante.

Pero promovió la sanción y el apartamiento de Luciani en virtud de sus posturas expresadas en aquel trabajo, en el que también se refirió al expediente conocido como Causa Cuadernos.

Allí, opinó Luciani, “salió a la luz un entramado de sobornos que se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública. Si bien en el imaginario colectivo siempre ha estado latente la sensación de que la relación funcionario-empresario es promiscua, en la actualidad los hechos han puesto en el centro de la escena esta realidad y han provocado preocupación y conmoción en la ciudadanía”.

La nota está dirigida también al procurador general interino, Eduardo Casal, como superior jerárquico de Luciani.