El residente del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder, pidió a la Cámara Federal la reapertura de la causa en la que los máximos directivos de Techint fueron sobreseídos en una derivación de la Causa Cuadernos.

El pedido alcanza a Paolo Rocca, Luis María Cayetano Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta, quienes se estaban acusados por asociación ilícita y cohecho, pero fueron sobreseídos por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli no apeló la decisión. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó tardíamente su apelación, que fue rechazada y, en consecuencia, los sobreseimientos adquirieron fuerza de “cosa juzgada”.

Binder, titular de dos entidades muy vinculadas con la Justicia, denunció que el sobreseimiento “no se obtuvo a raíz de una derivación previsible del rol de las partes dentro del proceso, sino a partir de una omisión de quienes tenían a su cargo el deber de mantener vigente la potestad punitiva del Estado”. Por ello, invocó la “cosa juzgada írrita”, una figura que eventualmente permite la reapertura de una causa cuando surgen nuevos elementos que demuestran el error de la sentencia anterior.

Binder cuestionó a Stornelli porque consintió el sobreseimiento “pese a que en todas sus pretensiones anteriores había insistido en la responsabilidad de los imputados y la gravedad de su participación en los actos de corrupción”. La crítica también alcanzó a la UIF, que  “omitió presentar el recurso de apelación respecto del decisorio liberatorio de los empresarios”. Para Binder, ello constituyó “un claro fraude a ley procesal y, por ese medio, una agresión directa a la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal”.

“Se trata de un evidente caso de cosa juzgada írrita por efecto del carácter fraudulento que la misma ha adquirido luego de la llamativa -y coincidente- renuncia al deber legal de apelar los actos favorables a liberación de una persona imputada en casos de corrupción”, embistió.

El sobreseimiento firme de los directivos de Techint deja en "total desamparo la defensa de los intereses generales que atañen al derecho de la ciudadanía de contar con un buen sistema de administración de justicia y a ver realizada aquella misma idea en la manera en que se resuelven los casos más graves de criminalidad, que son aquellos que involucran a actores poderosos”.

“No hay duda de que, en tren de comparar, el poder de influencia que el holding Techint tiene sobre el aparato estatal supera con creces al que pueda tener cualquier funcionario público de línea”, reflexionó la presentación. “Se trata de un actor de peso relevante, que se encuentra acusado por su participación en delitos de corrupción de funcionario público, sin que de ello pueda descartarse la posible participación en otros delitos vinculados con el manejo empresario del Holding (principalmente, balance falso y/o actos indebidos)”, insistió Binder. El criterio de “cosa juzgada írrita” rara vez ha sido aplicado en el derecho penal argentino y, por otra parte, ni Cipce, ni Inecip, son parte en el expediente.