La fiscalía pidió una condena de prisión en suspenso para el ex jefe del Ejército César Milani, pero con la aplicación de una multa y el decomiso de una propiedad presuntamente adquirida con dinero que no puede justificar, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El jueves próximo será el turno del alegato de, la defensa de Milani, a cargo de Alejandro Rúa, quien pedirá la absolución.

En la última audiencia, la fiscal Fabiana León pidió para Milani la pena de tres años de prisión en suspenso, más una multa de 200 mil dólares y el decomiso de la casa comprada con el supuesto producto del enriquecimiento, situada en el barrio La Horqueta, de San Isidro.

Al declarar en el juicio, Milani detalló cómo adquirió la propiedad y destacó: “Los números cierran y mi patrimonio está en orden”.

Ante el Tribunal Oral en lo Federal número siete, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli (los mismo que tienen asignada la Causa Cuadernos), Milani explicó que “la acusación está asentada en una pericia vieja, está sobrepasada y superada por los acontecimientos”.

El ex jefe del Ejército cuestionó la instrucción del expediente, a cargo del juez Daniel Rafecas, por no tomar en cuenta el segundo peritaje que, según consideró, favorecía a su defensa.

Milani explicó que para la compra utilizó un mutuo (crédito privado) que le facilitó otro imputado en la causa, Eduardo Enrique Barreiro, también ex militar y “amigo desde hace 40 años”.

Para Barreiro, la fiscal León no pidió pena, de modo tal que quedó virtualmente exculpado de la acusación.

Milani dijo que respaldó el préstamo de Barreiro con la entrega de un departamento en la Capital Federal valuado en 240 mil dólares, que se demoraba en vender y temía que la propiedad en San Isidro encontrara otro comprador.

“Un departamento en el que viví 15 años y que valía 240 mil dólares. Para la acusación no se tuvo en cuenta”, se quejó.

La fiscal reconoció que el proceso se extendió excesivamente en el tiempo y destacó que Milani estuvo detenido en el marco de otros procesos penales que no tienen relación con la causa por enriquecimiento ilícito y en los que resultó absuelto.