La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsó la intervención judicial y la declaración de “nulidad” de la empresa Dakota S.A., concesionaria de servicio de grúa para remoción de vehículos de la vía pública y estacionamientos en la Capital Federal y mencionada en supuestos hechos de corrupción en una filtración de chats con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

La IGJ resolvió hoy “promover acción judicial de nulidad de la entidad mercantil Dakota S.A. atento los graves y reiterados incumplimientos incurridos”, entre ellos la falta de presentación de estados contables y el supuesto cese de sus operaciones en setiembre de 2022.

Dakota es la empresa cuyo referente es el empresario Marcelo Violante, quien apareció en los chats gestionando contrataciones con la Ciudad de Buenos Aires supuestamente a través de sus contactos con D’Alessandro.

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La IGJ reconoció que inició la inspección sobre la empresa a partir de la repercusión periodística de aquellos chats, a principios de enero pasado.

Así, explica el documento, de casi 80 páginas, detectó la “falta de oportuna presentación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de julio de 2018 y sucesivos hasta el 31 de julio de 2021”.

El reporte añade la “inexistencia de confección y presentación por la sociedad de los estados contables cerrados el 31 de julio de 2022” y la “absoluta reticencia de su socia controlante, Ana Elizabeth de Bruyn a comparecer a las audiencias de explicaciones convocadas por la IGJ, invocando su asistente jurídico razones absolutamente improcedentes para justificar esa incomparecencia”.

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“Con toda seguridad se debe a razones de salud, atento su avanzada edad, 94 años”, añadió el documento, firmado por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen.

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, subrayó que Dakota funcionó desde 1958 hasta 1996 como una empresa concesionaria de obra pública, pero viró al rubro de estacionamientos y remoción de vehículos durante la intendencia porteña de Carlos Grosso.

El documento califica a Dakota como una “sociedad simulada”.