La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció que presentará una acción de amparo contra las nuevas restricciones dispuestas por el Gobierno nacional en pos de detener el avance de la pandemia de coronavirus.

El amparo exige una medida cautelar a fin de que, mientras se dirime la cuestión de fondo, la justicia suspenda la aplicación del DNU 241/21.

Entre los argumentos del escrito, la ex ministra de Seguridad sostiene que el el Poder Ejecutivo no tenía facultades para dictar un decreto de ese tipo y cita el articulo 99 de la Constitución que establece que esa herramienta sólo aplicaría para los casos en los que !circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios", es decir, la intervención del Congreso.

De cualquier modo, Bullrich sostiene que ni siquiera una ley del Congreso sería legítima para avasallar garantías constitucionales, como "el derecho a transitar, el derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita, el derecho a enseñar y aprender o a ejercer libremente su culto, todos ellos resguardados por el artículo 14 de la Constitución".

En todo caso, aclara que "para restringir garantías como las que el DNU pretende cercenar sería necesaria la declaración de un Estado de Sitio, con intervención del Congreso, pero que para eso tendría que existir una situación de conmoción interior, que en la Argentina no hay".

Por el contrario, señala que "no existe agitación, no está demostrado que las fuerzas del orden hayan sido desbordadas y, por otro lado, el público ha cumplido de una manera ejemplar con los protocolos establecidos por el gobierno".

Bullrich aclaró que las fuerzas políticas de la oposición "toleraron" los primeros decretos que instalaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio ya que "el Gobierno necesitaba preparar el sistema sanitario e inmunizar a la población con vacunas, que todavía no existían".

En este sentido, la titular del partido amarillo recordó que ya "transcurrió más de un año y, mientras otros países ya han logrado o están a punto de lograr la inmunidad de rebaño, la Argentina ha vacunado a una proporción muy baja, por lo que el gobierno no puede suplir su inacción con nuevas medidas de encierro".

En la presentación, Bullrich advierte que el decreto privó a los restaurantes y bares de la totalidad de su clientela nocturna al imponer el cierre a las 19:00, y en el caso de los supermercados, el acotamiento del horario de apertura "únicamente conseguirá que se aglutine un volumen mayor de público en una franja de tiempo más reducida".

El escrito describe que desde el inicio de las restricciones se perdieron más de dos millones de trabajo y el Gobierno procedió "en forma desaprensiva e irresponsable" a clausurar actividades "a las que les atribuye los aumentos de casos de COVID sin una prueba científica que avale esas aseveraciones".

"Parece evidente que a la autoridad nacional le resulta demasiado fácil arruinar la vida ajena con unas pocas firmas. Y eso es precisamente lo que no puede suceder, porque cuando algo así ocurre, es una señal de que el pueblo está inerme frente al despotismo del poder exacerbado y fuera de órbita", sentenció Bullrich.

Para la ex funcionaria de Cambiemos la determinación de los horarios de las industrias y comercios, la forma en la que deben atender al público o la organización de la escolaridad son "todas esas son cuestiones que, de acuerdo con la Constitución "deben ser reguladas por las provincias o los municipios, cuya autonomía, también asegurada por la Constitución, se está avasallando".