Romina Picolotti, la ex responsable de Medio Ambiente durante el gobierno de Néstor Kirchner,  condenada a tres años en suspenso por defraudación contra la administración pública, “obró en todo momento conociendo las circunstancias que configuraron la maniobra delictiva, obligando a la Secretaría con la voluntad de procurar un fin indebido para ella o para terceros”. Así lo sostienen los fundamentos de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal número seis, por la utilización de fondos públicos para solventar gastos personales.

El tribunal apreció “sin vacilaciones, un mayor poder de reflexión por parte de Picolotti a la hora de cometer el injusto, puesto que se trató de una persona experta e instruida, quien desde su posición de poder abusó de su cargo y aprovechó su conocimiento para delinquir”.

Los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel recordaron que Picolotti “fue designada en su cargo al mismo tiempo en que la República Argentina se obligaba internacionalmente a adoptar medidas para prevenir y combatir eficazmente la corrupción y promover la debida gestión de los asuntos y bienes públicos”.

“Claramente las obvió”, reflexionó el tribunal. “No cabe duda que Romina Picolotti, al realizar gastos ajenos a los fines y objetivos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, obligó de manera abusiva a ese organismo sin que le importase el cuidado del patrimonio perjudicado por dichas maniobras, que era precisamente para lo que, entre otras cosas, había sido designada”, añade el fallo, de 249 páginas.

Para los jueces, “el fin de lucro se encuentra presente en el hecho acreditado en esta causa, a partir de la presentación de cada uno de los comprantes de los gastos (adelantos y órdenes de pago), lo que en definitiva posibilitó que a través de las arcas estatales se abonaran los gastos personales y los pasajes de la titular de la Secretaría y del grupo cercano de colaboradores”.

“La mayoría de los viajes y de los gastos personales –insiste el documento- fueron usufructuados por ella y su familia, o bien aprovechaos por su círculo de amigos, conocidos o allegados. (…) Nos remitimos al cúmulo de probanzas analizadas, las que pusieron en evidencia la voluntad de Picolotti en cuanto a convalidar y autorizar todos esos gastos, recordándose también que la gran mayoría de las facturas por gastos personales cuestionados estaban firmadas por ella”.

En cuanto a que Picolotti sabía que estaba cometiendo delito, el tribunal se basó sobre “los testimonios de los agentes de esa Secretaría, quienes encendieron las alarmas al advertir ciertas irregularidades en el procedimiento de gastos de almuerzos, pasajes y vuelos e intentaron infructuosamente, desde su buena fe, disuadir a la ex Secretaria para que retornase a las vías habituales y adecuase su actuación a la normativa vigente”.

“El ánimo de actuar a sabiendas de que esas conductas implicaban una violación de los deberes a su cargo, surge a las claras de los dichos de quien la puso al tanto de cuáles eran los gastos que podrían rendirse y que las facturas que estaba presentando ante la Jefatura de Gabinete no podían justificarse, así como también de las distintas presentaciones en las que se expuso que se le había explicado a la imputada, al inicio de su gestión, la manera y los fines con que debían invertirse los fondos del organismo”, resumió el fallo.

“La imputada, a fin de poder llevar adelante su voluntad de solventar gastos indebidos, debió modificar los circuitos de autorización de gastos que tenían sus antecesores en el cargo”, concluyeron los jueces.