La investigación por el contrabando de Iphones apunta al lavado de activos a través de criptomonedas
El juez Pablo Yadarola decretó el secreto de sumario y ya indagó a los detenidos. Buscan determinar si hubo una conexión entre el ingreso ilegal de los teléfonos, su comercialización y operaciones con monedas virtuales.
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola decretó el “secreto de sumario” en una causa que se inició como contrabando de teléfonos inteligentes pero se orienta a una asociación ilícita para una compleja usina de negocios con una estructura para lavar activos mediante el uso de criptomonedas.
El magistrado dispuso el secreto de sumario después de tomar declaración indagatoria a media docena de detenidos, entre ellos Felipe Viramonte Noguer, un ex asesor del jefe de la Aduana durante el gobierno de Cambiemos, Diego Dávila.
Durante los últimos días circuló insistentemente la versión sobre un supuesto pedido de uno de los imputados para ser tenido como “arrepentido”.
Sin embargo, fuentes de la investigación aseguraron a NA que ello todavía no ocurrió, aunque no descartaron que pueda suceder en los próximos días.
Para que un acusado sea aceptado bajo la figura del “imputado colaborador” debe plantear tal situación al fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y éste, en caso de considerar que el aporte es valioso para esclarecer el caso, pedir la homologación del juez.
Por lo pronto, el juez Yadarola indagó a Viramonte Noguer y a los otros acusados, Leandro Agustín y Manuel Ángel Olivas, Daniel “Nato” González, Gabriel Isaac Muhafra y Guillermo Daniel Caro.
Inmediatamente prorrogó el secreto de sumario, una conducta que suele preceder a medidas de prueba trascendentes para un expediente judicial, como allanamientos o nuevas órdenes de detención.
Sobre Viramonte Noguer, la investigación apunta a una supuesta especialización en operaciones comerciales mediante la utilización de criptomonedas.
Cuando el juez ordenó su detención, citó un diálogo con otro supuesto integrante de la organización, no identificado aún: “Yo tengo de cliente al importador de Iphone, es un cliente mío. (…) Voy a la oficina ahí en Puerto Madero, en vez de ser una mesa de dinero, como sería una mesa de dinero de una financiera, es una mesa de iPhone, literal”.
Viramonte explica en ese diálogo que sus clientes “empezaron a cobrar con criptomoneda. Yo dije ‘¿vos estás cobrando con bitcoin?’ y ahí me dice no, estoy cobrando con dólar cripto, con USDT”.
USDT es un tipo de criptomoneda que mantiene su valor atado al dólar, pero que por sus características elude la bancarización de las operaciones.
La operatoria, según sospechan los investigadores, es compleja: ingresan los teléfonos de contrabando, con la supuesta complicidad de agentes aduaneros, empleados de AFIP y fuerzas de seguridad federales; se contactan los clientes, se entregan los aparatos y el producido de esas ventas (según las escuchas, cerca de un millar por mes) se convierte de efectivo a criptomoneda y se saca del país a través de operaciones en internet.
Viramonte Noguer figura en un listado enviado por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, a la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona en el marco de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
El ex funcionario de Cambiemos, quien figura en la columna “gobierno”, es uno de los tres nombres consignados bajo el comentario “AFIP”.
Los otros dos son Alberto Abad y Leandro Cuccioli, ambos ex titulares del organismo durante la administración Cambiemos.
Los investigadores buscan determinar si en la estructura de la AFIP durante el anterior gobierno existió una estructura montada como una suerte de usina de negocios que aprovechó la tecnología y la transnacionalización de las monedas virtuales para lavar dinero proveniente del contrabando, que en ese caso sería el “delito precedente”.
La investigación apunta a desentrañar a quién respondía políticamente Viramonte Noguer, ya que una línea de la pesquisa conduce directamente a la Jefatura de Gabinete de Cambiemos.
Más aún, sectores políticos de la hoy oposición no descartan que la gestión de Juan José Gómez Centurión al frente de la Aduana –de la que salió precipitadamente en octubre de 2017- se hubiera visto jaqueada por esa situación.
Gómez Centurión es uno de los políticos que integraban la alianza Cambiemos que aparece como “espiado” en la causa que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y hoy está prácticamente inmóvil en Comodoro Py.