Para Barcesat, "no hay otra resolución que la intervención federal" del distrito
Señaló que "el gobernante local ha sobrepasado los límites de sus incumbencias constitucionales para ejercer una atribución que la Constitución no le ha conferido".
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró este lunes que el conflicto generado luego de un fallo de la justicia porteña contra una medida dictada por el Gobierno nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia "no tiene otra resolución en el marco constitucional que el de la intervención federal" al distrito.
Barcesat criticó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de continuar con las clases presenciales, y lo calificó como un caso en el que "el gobernante local ha sobrepasado los límites de sus incumbencias constitucionales para ejercer una atribución que la Constitución no le ha conferido".
Para el abogado, se trata de "un quiebre de las cláusulas más señeras en la reforma constitucional del '94".
"En la medida que se trate de una medida epidemiológica recomendada por epidemiólogos e infectólogos, no puede sustituir la autoridad del Presidente y disponer la inconstitucionalidad o inaplicabilidad en el territorio de la Ciudad del decreto de emergencia", precisó Barcesat.
En ese sentido, el letrado consideró que esta situación "conduce a un conflicto y tiene una resolución en la Constitución, que es la intervención federal", el procedimiento estipulado en situaciones en las que "un gobierno local o provincial no hace cumplir las disposiciones de la autoridad federal".
Asimismo, señaló que "el Jefe de Gobierno está en situación de rebelión frente al dispositivo de seguridad sanitaria que dictó la Presidencia, en consonancia con lo que establecen los organismos internacionales y regionales de los que Argentina forma parte", entre los que destacó las "recomendaciones y directivas de la Organización Mundial de la Salud, Comisión de DD.HH. de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos".
Para Barcesat, se trata de una "situación de estado de necesidad" debido a la pandemia, que "no respeta ninguna legalidad", sino que se identifica más bien con la "categoría de hecho de la naturaleza, y no puede ser ajusticiado".
Por último, afirmó que "son ridículas las medidas que ha adoptado la justicia local y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires".