El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, volvió hoy a deslizar la posibilidad de convocar a un paro de la recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires, debido a que el Gobierno porteño busca renegociar los contratos de la concesión y disminuir los días de prestación del servicio.

El hijo de Hugo Moyano no descartó realizar "movilizaciones, un paro general (del gremio) y todo lo que sea necesario" si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza con el proyecto de "sacarle a los trabajadores" de la recolección de residuos un "porcentaje importante de los salarios".

Sucede que la gestión de la Ciudad analiza que el servicio de recolección de basura deje de realizarse un día de la semana y también los feriados, a fin de ahorrar dinero tras la quita de fondos de coparticipación que sufrió la jurisdicción porteña, lo cual impactará en los salarios de los camioneros de esa rama que cobran un plus por trabajar en los días no laborables.

"La gente está inquieta. Está cansada de que la tomen como variable de ajuste. No descartamos movilizaciones y paro general", remarcó Moyano en declaraciones radiales.

Debido a esta situación, Camioneros realiza asambleas de delegados desde hace días y el jueves pasado un grupo de trabajadores recolectores de residuos se concentró en las puertas del edificio de la Jefatura de gobierno porteña para repartir volantes y protestar contra la posible medida oficial.

El gremio estima que el cese de la jornada extra equivaldría a una reducción de "15.000 o 23.000 pesos" en los ingresos por empleado.

"La recolección de los residuos se hace de lunes a lunes, que es lo que pagan los vecinos a través del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza)", advirtió Pablo Moyano. Y agregó: "En vez de premiar a los trabajadores camioneros, que han puesto en riesgo su vida en plena pandemia, quieren sacar un porcentaje importante de los salarios. Hemos hecho cuentas y los trabajadores perderían entre 15.000 y 23.000 pesos".

Por su parte, la Ciudad mantiene un contrato vigente con las seis empresas concesionarias (Cliba, AESA, Urbasur, Nittida, Ashira y Solbayres), a las que se les paga por el servicio una suma de $30.000 millones por año, mientras que el recorte previsto por el Gobierno porteño implicaría un ahorro de alrededor de $3.000 millones.