Vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires realizaron esta noche nuevos cacerolazos en rechazo al fallo de la Justicia Federal que ordenó suspender la presencialidad de las clases en el distrito porteño.

Mientras el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se debatía entre acatar o no la resolución del fuero Contencioso Administrativo Federal, vecinos de barrios como Núñez, Belgrano, Villa Crespo, Caballito, Recoleta, Retiro y Palermo salían a las calles o a los balcones de los edificios a manifestar su malestar por la decisión judicial que interrumpiría las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Minutos antes, el juez federal Esteban Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso será resuelto en los próximos días por la Corte Suprema, que se declaró competente luego de la presentación de la Ciudad para que tome intervención en la causa, y emitirá un fallo que pondrá fin a la controversia.

Mientras el país quedó al borde los 30.000 contagios confirmados de coronavirus por día, grupos de padres y otros actores de la comunidad educativa, especialmente de colegios privados, exigen que las clases continúen para no deteriorar aún más el proceso de aprendizaje de sus hijos, que ya perdieron un año de presencialidad.



El Gobierno de la Ciudad les da la razón y muestra estadísticas que demostrarían que las escuelas son ámbitos de bajo riesgo de propagación del virus, y también exhiben datos que indican que el uso del transporte público se mantiene en niveles similares al momento previo al inicio del ciclo lectivo.

El Gobierno nacional, en cambio, sostiene que  el objetivo de la medida de cerrar las escuelas es reducir (y no mantener igual) el flujo de pasajeros que usan el transporte público para disminuir la circulación del virus, y también muestra otros datos que advierten sobre el riesgo epidemiológico que supone el encuentro de alumnos y docentes en espacios físicos cerrados como las aulas.

Días atrás, atento al panorama de aumento sostenido de los casos y siguiendo el consejo de especialistas epidemiólogos, el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endureció las restricciones a la circulación y de forma sorpresiva anunció la suspensión de las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril. 

Dicha medida enfureció a grupos de padres y a grupos opositores al Gobierno, que alertaron por la violación al derecho a la educación, y se manifestaron a través de "cacerolazos".