Ibar Esteban Pérez Corradi, condenado en la Argentina por tráfico de efedrina y requerido en extradición por Estados Unidos, quedó en libertad por decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La magistrada adoptó esa decisión después de que Estados Unidos desistiera del pedido de extradición que había formulado y mantenido desde 2008.

Pérez Corradi tiene tres condenas –ninguna firme- en la Argentina, la última de ellas a siete años de prisión por “comercio de materias primas para la producción y fabricación de estupefacientes”. En abril pasado se resolvió su excarcelación en ese expediente por haber cumplido los dos tercios de la condena, en tanto que las otras penas ya fueron compurgadas por el tiempo que lleva detenido. De tal forma, la jueza Arroyo Salgado ordenó su inmediata libertad.

Pérez Corradi goza de “falta de mérito”, dictada por la jueza María Servini en la causa en la que está imputado como presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez. Si bien no está desvinculado de ese expediente, la jueza consideró que no hay pruebas para reprocharle la autoría intelectual de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, asesinados en 2008.

Además, Pérez Corradi fue condenado en 2020 a dos años y cuatro meses de prisión por lavado de activos, pero la pena se le dio por cumplida por el tiempo que para entonces llevaba detenido. En 2018  fue condenado a dos años y cinco meses por tentativa de  contrabando agravado de efedrina y, en ese caso, la pena también le fue compurgada.

La condena más grave también la recibió en 2018: siete años, pero atento al tiempo que llevaba en prisión desde que fue extraditado en 2016, en un espectacular operativo desde la Triple Frontera, el 23 de abril último obtuvo la libertad condicional.

De tal forma, Pérez Corradi sólo estaba detenido por disposición de la jueza Arroyo Salgado, en el marco del juicio por extradición a Estados Unidos que se celebró en 2009. Entonces, Arroyo Salgado consideró que “correspondía la extradición” y esa decisión fue confirmada por la Corte Suprema el 21 de diciembre de 2010.

El Poder Ejecutivo consintió la decisión y aceptó la extradición, pero la supeditó a que se resolvieran las causas que Pérez Corradi tenía pendientes en la Argentina, lo que –en los hechos- obstaculizó su envío a Estados Unidos.

Pero el lunes, la jueza Arroyo Salgado recibió una notificación oficial de los Estados Unidos desistiendo del pedido de extradición por “razones procesales”, y en consecuencia dispuso la libertad de Pérez Corradi también en este expediente. Pérez Corradi seguirá, ya libre, bajo la tutela del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que depende del Ministerio de Justicia.