Ordenan al Gobierno de la Ciudad retomar las obras para revertir el “riesgo eléctrico” en la Villa 21-24
En el sector conocido como Tierra Amarilla, de las 706 viviendas evaluadas "más de 300 tenían un riesgo eléctrico crítico o alto” y el resto, medio o bajo.
Un fallo judicial le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que retome las obras en el sector Tierra Amarilla de la Villa 21-24, interrumpidas por la pandemia, para revertir el “riesgo eléctrico” de más de 700 familias que viven en el lugar.
El juez Roberto Gallardo, quien en la víspera fue apartado de la causa por el sistema de reconocimiento facial de prófugos, dispuso la medida en cumplimiento de una serie de resoluciones que se vienen prolongando desde el año 2011.
Según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2018 el Ejecutivo porteño efectuó un relevamiento de las viviendas del sector Tierra Amarilla, “concluyendo que de las 706 viviendas visitadas más de 300 tenían un riesgo eléctrico crítico o alto”.
Entonces encaró una serie de trabajos que, añadió ACIJ, “al poco tiempo de iniciada la intervención en el sector se detuvieron completamente en el contexto de la pandemia, sin retomarse hasta la fecha”.
El “riesgo eléctrico” aparece relacionado especialmente con las conexiones precarias o clandestinas y con la falta de control y supervisión de la provisión del servicio.
El juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo número dos emplazó al gobierno porteño a que en cinco días “se retomen las tareas en las viviendas con riesgo crítico o alto”.
Además, dispuso que se presente un “plan de trabajo para las que presentan situaciones de riesgo medio y bajo en el sector”.
Las obras a realizar incluyen la revisión de los tendidos eléctricos y las conexiones domiciliarias y del alumbrado público que garanticen condiciones de seguridad para sus habitantes, explicaron los demandantes.
El primer fallo sobre la situación eléctrica de la Villa 21-24 data del año 2011, cuando la Justicia local ordenó la elaboración de “un protocolo para responder a emergencias eléctricas y a elaborar un plan de obras”.
ACIJ explicó que “si bien esta medida no resuelve el incumplimiento de la sentencia de fondo del Máximo Tribunal de la Ciudad, obliga al gobierno a dar una respuesta rápida y efectiva a uno de los sectores más críticos del barrio”.